Se cumple un año desde que el lapidario informe acerca de la PSU, llevado a cabo por la consultora Pearson Education, fuera liberado. El informe dejó en evidencia que la opinión pública fue engañada durante diez años acerca de la calidad y equidad de la PSU como instrumento de admisión. La gravedad de este hecho no ha sido suficientemente aquilatada. Han sido diez generaciones de jóvenes que asisten a la educación técnico-profesional, provenientes de los hogares más pobres del país, las que fueron más perjudicadas.

Durante esos diez años, los creadores y evaluadores de las pruebas insistieron en la buena calidad del instrumento, negando los problemas evidentes de la PSU. El CRUCh avaló el engaño a la opinión pública acerca de la calidad de las pruebas, y el Ministerio de Educación financió la PSU y utilizó sus puntajes (hasta el presente) para fines de entregar becas y créditos. Hoy nadie se hace cargo de corregir las fallas estructurales de la prueba ni de reparar el daño a diez generaciones de alumnos que han pagado el precio por errores y faltas de académicos, rectores y políticos. Lo grave es que la ministra de la época, los rectores y los propios creadores de las pruebas supieron desde antes de la implementación de la PSU que esta pondría en riesgo las oportunidades de los alumnos de la educación técnica.

El CRUCh y su Comité Técnico Asesor para la PSU sistemáticamente omitieron reportar datos de rendimiento para el grupo de la educación técnico-profesional en sus ocho informes oficiales. Peor aún, cuando los expertos del CRUCh afirmaban que la brecha no crecía a favor de los particulares pagados, lo hacían sobre la base de análisis engañosos en que eliminaban el efecto de haber estudiado en un colegio de educación técnica, sin decirlo. A la falta de ética que implica lo anterior, hay que añadir que el daño a este grupo sigue sin ser corregido.

¿Qué sugirió Pearson al respecto? Restringir contenidos a evaluar en las pruebas a aquellos necesarios y suficientes para predecir bien el rendimiento universitario. En otras palabras, corregir el error de haber pretendido convertir la PSU en un "Super-Simce" de la enseñanza media Científico-Humanista. El resultado de los errores es que la PSU es una prueba que está bajo los estándares internacionales en materia de capacidad predictiva y que además es intrínsecamente injusta para los alumnos de la educación técnico-profesional.

El informe Pearson, tal como hiciera en el año 2009 el informe de los expertos de la OCDE, recomendó no seguir usando el marco curricular como la base para el desarrollo del marco (de especificaciones) de la PSU. En su lugar, los expertos de Pearson recomendaron el desarrollo de un marco acotado a las aptitudes requeridas por los estudiantes para alcanzar el éxito en la universidad. Se puede construir una buena prueba, útil para muchas carreras, sobre la base de contenidos curriculares seleccionados hasta segundo medio, aunque hacerlo implica una modificación mayor del sistema de pruebas.

Ninguno de los responsables directos del daño ocasionado por la PSU se ha hecho cargo de resolver el problema. La institucionalidad bajo la cual se maneja la PSU ha permitido la negligencia y la impunidad. El CRUCh ha optado por hacer cambios menores y pretender zanjar la brecha de inequidad a través del aumento de la ponderación del ranking , sin tocar las bases fundamentales de la PSU e ignorando las correcciones sugeridas en el informe Pearson en esta materia. El Consejo de Rectores, sus técnicos y los demás actores tienen una abultada cuenta pendiente con el país en lo que respecta a la PSU. A un año del informe Pearson sobre la PSU, la cuenta sigue subiendo y la pagan los más pobres. ¿Quién pondrá atajo a este abuso?

Mladen Koljatic
Mónica Silva
Pontificia Universidad Católica de Chile