Más de dos años han pasado desde la presentación de los reclamos posteriores a la resolución de calificación ambiental de HidroAysén. Conforme a la ley, estos reclamos debieron ser resueltos por el comité de ministros en un "plazo fatal" de sesenta días. La autoridad encargada de convocar al comité es quien lo preside, la ministra del Medio Ambiente, quien finalmente hoy encabezará la cita que definirá el futuro del proyecto.

En los últimos meses se planteó sucesivamente que aún estarían pendientes unos informes técnicos, que la convocatoria se haría después de las elecciones, que los mismos titulares de la resolución habrían manifestado su intención de restar prioridad al proyecto, etc. Sin embargo, cualesquiera hayan sido las razones para explicar la demora del comité, ninguna de ellas es capaz de justificarla. La ley es meridianamente clara en cuanto a los plazos, y el Gobierno, al ignorarlos, dejó de cumplirla.

La politización de los grandes proyectos energéticos y de infraestructura es un fenómeno antiguo y estudiado en los países desarrollados, muchos de los cuales cuentan con una institucionalidad capaz de hacer frente a las incertidumbres que plantea. En un país como el nuestro, los problemas que suscita esa politización presentan características particulares, pues la polémica se da en un momento en el cual ni siquiera están cubiertas hacia el futuro las necesidades energéticas básicas para el consumo de la población y para la explotación de los recursos naturales de los cuales proviene la mayor parte del ingreso. No se trata, pues, de resolver, como en otros países, si los ferrocarriles o la industria del turismo deben operar con un menor consumo de energía, sino de asegurar un suministro básico y a costos razonables.

La realidad nacional exige que el gobierno de turno sea capaz de liderar el proceso político, de modo que sea posible la construcción y operación de los proyectos energéticos y de infraestructura que el país requiere. Un cálculo electoral de corto plazo puede terminar hipotecando el futuro en una magnitud que puede tomar décadas recuperar. Es cierto que en el desarrollo de los grandes emprendimientos inciden los tres poderes del Estado, por lo que nada asegura que, incluso si el comité de ministros resuelve hoy a favor de HidroAysén, este proyecto termine realizándose. A eso se agregan las dudas sobre la viabilidad del proyecto expresadas por la Presidenta electa durante la última campaña. Pero, incluso así, ningún gobierno puede permitirse entregar el desarrollo energético a la iniciativa casi exclusiva de terceros, ni menos aún frenar con su inactividad los trámites que las normas legales encomiendan a su esfera de competencia.

El contralor general de la República anunció que en los próximos 20 días emitirá un pronunciamiento respecto de la demora del comité de ministros en adoptar una definición. Esto, en respuesta a un oficio parlamentario en el cual se le pide señalar si esta dilación implica irregularidades administrativas de algún tipo. Dicho pronunciamiento tendrá particular trascendencia para el adecuado funcionamiento de la institucionalidad ambiental.