Señor Director:

El archivo del diario La Nación no era propiedad del Estado, como se ha dicho, sino de una sociedad anónima con fines de lucro en la que el Estado tenía acciones. Lo extraño es que mientras ese archivo perteneció a una sociedad anónima con fines de lucro, nadie vio amenazado su carácter público. Ahora, en cambio, que ese archivo pertenece a la Universidad Diego Portales -una fundación sin fines de lucro- se afirma que su carácter público está en riesgo.

Este contrasentido solo se explica por una doble suposición: i) que como el Estado tenía acciones en la sociedad anónima, los bienes que pertenecían a esta última eran estatales; ii) que como esos bienes eran estatales, entonces eran públicos.

Ninguna de esas suposiciones es correcta y solo pueden ser resultado de la ignorancia. Lo que pertenece a una sociedad no pertenece a los socios individualmente considerados; y lo público (a pesar de lo que afirman las supersticiones de moda) no coincide necesariamente con lo estatal.

Así entonces, cuando ese archivo pasa a manos de la Universidad Diego Portales, no pasa de manos estatales a manos privadas, sino de una entidad privada a otra. Con una diferencia: la universidad, al igual como lo hace con sus restantes colecciones, desarrollará actividades de interés público en torno a ese archivo y su acceso, basado en las reglas generalmente admitidas en el sistema de bibliotecas, será gratuito.

Carlos Peña
Rector Universidad Diego Portales