Señor Director:

Con sorpresa e indignación hemos tomado conocimiento de dos decisiones gubernamentales que afectan gravemente nuestro patrimonio cultural. A menos de dos meses de concluir el mandato del Presidente Piñera, y a menos de dos semanas del inicio del receso parlamentario, el Gobierno ha resuelto vender el archivo periodístico del diario La Nación y ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley de Monumentos Nacionales.

El archivo histórico de La Nación contiene testimonios valiosos de nuestra historia política, social, económica y cultural. Sus documentos nos hablan de lo que hemos sido como sociedad, y, por tanto, son una gran contribución a los ejercicios de memoria que requiere nuestro país. Debemos recordar que este archivo es parte del patrimonio cultural de Chile, es un bien de relevancia pública, y su gestión es una responsabilidad del Estado, que debe servir a toda la sociedad.

Inevitablemente nos preguntamos ¿por qué tanto apuro del Gobierno para enajenar este patrimonio documental? ¿Por qué el Gobierno -a través de la Dibam- no garantizó su carácter público? Las explicaciones de poco sirven por ahora, pues Chile ya perdió este patrimonio, aunque mantenemos la esperanza de recuperarlo.

Por otra parte, sin considerar la participación de organizaciones sociales e instituciones civiles muy activas en el campo patrimonial, y, peor aún, desconociendo la opinión de los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales, el Gobierno ha presentado al Parlamento un proyecto de ley para modificar la Ley de Monumentos Nacionales.

Más allá de compartir la necesidad de perfeccionar y modernizar esta legislación, nos parece lamentable, grave y peligrosa esta propuesta gubernamental. Con ribetes de autoritarismo, se elimina la participación en el Consejo de Monumentos Nacionales de instituciones tan relevantes como el Colegio de Arquitectos y la Sociedad Chilena de Arqueología, entre otros, excluyendo la participación ciudadana y desconociendo las prácticas democráticas de la sociedad actual.

Nuevamente, ¿por qué el Gobierno presentó este proyecto ahora, con tanto apuro, sabiendo que los actuales parlamentarios no podrán estudiarlo ni votarlo? Anhelamos profundamente que cuando haya asumido la presidencia, Michelle Bachelet retire este proyecto del Parlamento e implemente uno de sus compromisos programáticos más destacables en el campo cultural: llevar adelante un proceso amplio y participativo de elaboración de una nueva Ley del Patrimonio, valorando y garantizando la efectiva participación ciudadana en sus órganos resolutivos.

Sonia Montecino, Mauricio Rojas, Mauricio Uribe, Nivia Palma, Clara Budnick, Loreto Bravo, Leonardo Mellado, Luis Alegría, Claudia Zaldívar, Bárbara de Vos y Patricio Gross