“La cuestión de La Araucanía ha tomado en estos últimos años proporciones gigantescas”, ya que el Gobierno ha incurrido en una política de “desaciertos y errores que lo desautorizan completamente, porque prueban su incompetencia para dar solución a esta cuestión”.

¿Cuándo fueron pronunciadas estas palabras? Exactamente el 9 de agosto de 1868, y son de José Victorino Lastarria, a quien nadie podría acusar de autoritario o integrista.

Casi 150 años después, leemos una declaración de once entidades gremiales y sociales de La Araucanía que afirman que “los gobiernos han aplicado políticas erráticas e incoherentes, que solo han alentado la escalada de violencia.”

El paralelismo es impresionante, pero no hay que engañarse: lo que hace siglo y medio era un conflicto específico, hoy es en realidad un gran laboratorio para el diseño rupturista de las izquierdas chilenas.

No se trata de una siniestra conspiración, sino simplemente de la actividad habitual de comunistas, indigenistas, ecologistas, anarquistas y otras diversas tropas de asalto, que ensayan en esa zona diseños de conflicto que van a extenderse a otros ámbitos sociales. Numerosos antropólogos, sociólogos, politólogos, educadores, historiadores y juristas, financiados desde fuera de Chile y por nuestro propio Estado, estudian el día a día del conflicto en La Araucanía. El texto es solo un pretexto; el relato sobre temas indígenas, un simple ensayo del gran desacato. Se trata de ver cuánto y cómo reaccionan la sociedad y el Estado frente a amenazas radicales. Hasta ahora, la planilla de respuestas consigna una escasa resistencia.

Por eso, los puertos han sido también objeto del tira y afloja. El presidente de la CPC ha sostenido que “estamos frente a una huelga ilegal, donde se pone en peligro el Estado de Derecho, incitada por gente anárquica”. Ultraport, de Mejillones, declara que “una minoría de ese 10% resistente (de los trabajadores) trata de imponerse por la fuerza y de forma ilegal sobre el 90%”. La Araucanía queda muy lejos, pero es reciclable en todas partes.

Durante el año laboral próximo, veremos cómo en las universidades y en los colegios, en algunas regiones, localidades o barrios, en ciertas industrias de alta incidencia, en fin, incluso hasta en las Fuerzas Armadas —todo, escogido con las pinzas de hábiles escrutopos— van a surgir diversos conflictos destinados a “liberar territorios”, a conquistar para las fuerzas del antisistema espacios desde los cuales puedan expandir su influencia. Es la teoría y la praxis okupa llevada a muchos ámbitos.

¿Estamos a las puertas de una guerra civil en Chile? ¿De una guerra civil de verdad, en que se dividan las Fuerzas Armadas y los habitantes de una misma patria se maten unos a otros con tanto entusiasmo como impiedad? No. Aunque un buen amigo vislumbra ese futuro próximo, el escenario será distinto. No estamos delante de una guerra civil en campos de batalla, sino de una aguda confrontación entre civiles en múltiples escenarios de conflicto.

Los servicios de seguridad ciertamente ya lo intuyen, pero, al depender del poder político, no están en condiciones de comunicar abiertamente sus conclusiones. Hay que forzarlos, entonces, a un silencio que confirme nuestros pronósticos o al desmentido que pueda poco después comprobarse como erróneo.

Las organizaciones de La Araucanía esperan “que las autoridades que asumen el gobierno de Chile en marzo próximo, así como quienes integrarán el próximo Parlamento, se hagan cargo de la gravedad de lo que ocurre.”

No, eso no sucederá, porque el nuevo gobierno y la nueva mayoría parlamentaria se nutrirán del problema, no de las soluciones.