Cada vez que se legisla sobre el sistema previsional, es difícil anticipar los cambios sociales y demográficos que puedan ocurrir y hacer menos efectivas las iniciativas acordadas. Esos cambios suelen afectar a todos los sistemas, sean de capitalización individual o de reparto. Por ejemplo, cuando se creó el sistema vigente en Chile, la expectativa de vida era diez años menor a la actual: es imposible que el nivel de ahorro que se pensó pueda pagar las pensiones estimadas entonces. Diversos estudios han advertido esta situación y también se ha legislado para elevar los ahorros de las personas. Así, se crearon el ahorro previsional voluntario y el colectivo. También se fortaleció el pilar solidario, con la creación de una pensión básica y las asignaciones previsionales solidarias. La primera reforma ha beneficiado principalmente a las personas de más altos ingresos, mientras que la segunda a las de menos recursos.

Se pensaba que la primera de estas iniciativas también iba a producir un beneficio para los sectores medios, pero su efecto ha sido muy acotado. Así, la baja densidad de cotizaciones, producto de largos períodos de trabajo independiente o de ausencia de la fuerza laboral que se observa en estos sectores, muestra sus consecuencias al cumplirse la edad de jubilación: hoy, el 84% de quienes se encuentran a 10 o menos años de poder pensionarse acumulan menos de $30 millones en sus cuentas de capitalización. El sistema no obliga a jubilar necesariamente en ese momento, de modo que por esta vía se puede producir algún ajuste. Sin embargo, sucesivos gobiernos han hecho poco por crear un mercado laboral más atractivo para las personas mayores. El reducido crecimiento de la fuerza de trabajo —debido a la caída en la tasa de natalidad— podría llevar a mejorar esas condiciones, pues en algún momento las empresas van a querer retener a los mayores, pero eso aún no se ve.

Como ha reconocido en entrevista a este diario el presidente de AFP Habitat, la situación afecta la legitimidad del sistema privado de pensiones, pues —si bien no son asuntos de responsabilidad directa de las administradoras— ellas han enfatizado la defensa corporativa del sistema antes que promover soluciones para estos problemas. El ejecutivo advierte que esa legitimidad también se daña cuando caídas en la rentabilidad de los fondos se dan en paralelo con la existencia de altas ganancias para las AFP. El fenómeno se produce porque los ingresos de las administradoras provienen de un cargo a los salarios más que del retorno obtenido por los fondos, como ocurre en otros países. Hay ventajas y desventajas en ambas alternativas y se requiere estudiar el tema con detención. Cabe sí recordar que, por ley, las AFP tienen entre sus activos una reserva que replica el fondo de pensiones que administran. Por tanto, una caída en los retornos del fondo sí las afecta.

La Presidenta electa contempla entre sus medidas la creación de una comisión de expertos para estudiar reformas al sistema. Hay allí una oportunidad para que las AFP aporten con propuestas constructivas que mejoren su funcionamiento, permitan asegurar mayores pensiones y ayuden a crear un nuevo consenso en torno al sistema previsional. Con todo, es indudable que el logro de pensiones más altas supone también un mejor funcionamiento del mercado del trabajo. Por otra parte, debe considerarse que las reformas eficaces en el ámbito previsional son específicas y no siempre fáciles de diseñar y ejecutar. Por eso, debieran desecharse iniciativas que, además de complejas, no resolverán los problemas. En el caso de la propuesta de AFP estatal, así como el BancoEstado no ha eliminado las fallas que puedan existir en el sistema bancario, la creación de esa institución conllevará nuevos desafíos, más que solucionar los existentes. Otras medidas, aun siendo políticamente difíciles, pueden lograr mejores resultados, como el aumento en la tasa de cotización y la extensión de la edad efectiva de jubilación, adoptadas con prudencia y trabajando un consenso realista en la población.