"¿Estado civil?", preguntará el funcionario. "Conviviente legal", será la respuesta que escuchará si se trata de alguien que haya celebrado el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), según el texto del proyecto que se discute en el Senado. Este es uno de los elementos que denotan que la iniciativa original, tras su paso por la Comisión de Constitución, ha sufrido una transformación esencial. De una protección regulada de los derechos patrimoniales de quienes conviven, se ha convertido en un estatuto institucional que bien puede calificarse de matrimonial, aunque se evite darle esta denominación. Pero las cosas son lo que son y no lo que se dice que son. De allí la insistencia en que el acuerdo genere un estado civil como lo hace el matrimonio, aunque se proponga un término tan poco afortunado como el de "conviviente legal". Nos preguntamos: los que vivan juntos sin AVP, ¿serán convivientes ilegales? ¿Qué dirán los "convivientes legales" cuando viajen al extranjero y tengan que declarar un estado civil que no existe en ninguna otra parte del mundo? Si se disuelve el AVP, ¿quedarán con el estado civil de "ex convivientes legales"?

La asimilación del AVP al matrimonio no se reduce al estado civil. Se celebra ante un oficial del Registro Civil; los convivientes tienen derecho a socorro; gozan de un régimen patrimonial para los bienes; tienen los mismos derechos hereditarios de los cónyuges, y les afectan las mismas incompatibilidades. La equiparación es plena en materias previsionales, de salud, sociales, etc. Sus conflictos serán conocidos por los tribunales de familia. En suma, el AVP será un matrimonio de menor densidad vinculante, ya que no genera deber de fidelidad, y se disuelve por voluntad unilateral, sin causa.

La premura por aprobar el proyecto se debería a que se trata de un compromiso del programa del Presidente Piñera. Pero, si se lee dicho programa, puede advertirse que es al revés; tal como ha quedado su texto, el proyecto no cumple, sino que vulnera varios compromisos asumidos por el Mandatario. Primero, porque está claro que las parejas heterosexuales que deseen formalizar su unión, en vez de casarse, comenzarán a preferir el estatuto matrimonial menos exigente. La experiencia del Pacto Civil de Solidaridad (Pacs) francés así lo demuestra. Con ello, se debilitarán la familia y el matrimonio, y se desmentirá aquello del programa del actual gobernante que afirma que "nuestro objetivo será fortalecer la familia y el matrimonio". Más aún, como el AVP incluye a parejas del mismo sexo, pero ya no como lo que pretendía el programa, solo en cuanto a proteger "sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la herencia y a otros beneficios sociales", sino otorgándoles un estado civil y un estatuto básicamente matrimonial, el Presidente Piñera estará incumpliendo lo que prometió a sus electores; a saber, que el matrimonio, "por esencia, es la unión entre un hombre y una mujer que se complementan para formar un hogar". Nótese que el documento dice que esto constituye "uno de los pilares de este programa".

La aprobación del AVP como estatuto matrimonial de segunda clase contradice también el programa de Michelle Bachelet y de los partidos de la Nueva Mayoría. En dicho documento se declara insuficiente el proyecto de AVP y se postula que se impulsará un debate ciudadano amplio y abierto, fuera del Congreso, antes de introducir un proyecto que posibilite el acceso al matrimonio a parejas del mismo sexo. "Convocaremos a un debate abierto, con participación amplia, para la elaboración y posterior envío de un proyecto de ley en esta materia", declara el documento.

El trámite de urgencia impuesto para sacar el proyecto -no importa cómo- antes del 11 de marzo, en una materia tan delicada y controversial, resulta poco razonable. Sobre todo si, como puede verse, contraviene los compromisos de campaña tanto de Sebastián Piñera como de Michelle Bachelet. El AVP puede y debe esperar.