Se ha vuelto lamentablemente habitual que en esta época del año recrudezca la agitación en La Araucanía. En ello influyen las condiciones del período estival -que facilitan acciones como el incendio de campos- y la instrumentalización de ciertas fechas (como el aniversario de la muerte del joven Matías Catrileo, baleado por Carabineros durante el desalojo de una toma). Hace un año, la situación pareció llegar a un punto límite con el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay, pero aunque no se ha vuelto a registrar un hecho de esa gravedad, los ataques se han incrementado durante las últimas semanas.

Peor aún, el fenómeno adquiere nuevas y preocupantes aristas, ya sea que se trate de la directa provocación que significa la quema de un helicóptero mientras era custodiado por la policía uniformada, o de la llegada de la violencia al radio urbano de Temuco, con la detonación de artefactos explosivos. Una facción de aparente inspiración anarquista se habría atribuido la autoría de este último hecho, lo que introduce mayor complejidad al problema, ante el riesgo -obviamente inaceptable para la autoridad- de que en una misma zona del país terminen confluyendo y confundiendo su actuar grupos que, por razones diversas, pretenden desafiar al Estado, el cual aparecería así fracasando en su función básica de garantizar la seguridad de las personas.

Sucesivos gobiernos han intentado abordar este problema, pero sin que pueda exhibirse algún éxito. Por ejemplo, en algunos de los lugares objeto de atentados se han encontrado panfletos con consignas alusivas a que "si no hay tierras, habrá guerra". Sin embargo, las políticas de compra de campos y su entrega a comunidades no han producido los efectos esperados, dando origen, por el contrario, a nuevos conflictos.

Los delitos contra la propiedad y los ataques incendiarios son realizados por grupos minoritarios, pero alimentan un clima de desconfianza y crispación muy perjudicial para el desarrollo de la zona, contribuyendo así a lo que parece uno de los objetivos del violentismo: inviabilizar el normal funcionamiento de una región. Por eso, la presencia de Carabineros -cuestionada burdamente por quienes acusan una supuesta "militarización de La Araucanía"- es necesaria, y lo que cabe es asegurar eficacia en su actuar, particularmente en el terreno de la inteligencia policial, en que se verifica un fracaso sin atenuantes, que hace imposible la prevención.

Lo anterior no significa desconocer que el problema también presenta aristas políticas, económicas y culturales que deben abordarse con mayor decisión y con una estrategia coherente de largo plazo. Hay una situación de extrema pobreza que requiere combatirse. Hay instrumentos en aplicación que son interesantes, pero cuyos recursos son insuficientes. La política de tierras es muy defectuosa. Hay un valor cultural en ella, pero no puede diseñarse para reproducir un modo de vida de hace cinco siglos. Eso lleva a un congelamiento de la realidad mapuche, artificialmente sustentado por crecientes transferencias de recursos públicos que, a la postre, deslegitiman la preservación de la cultura de las etnias originarias.

Reconocer la identidad de estas etnias no significa, como a veces piden algunas voces, darles un estatuto especial. Detrás de las reivindicaciones de tierras se esconden muchas veces pseudonacionalismos autonómicos conceptualmente auspiciados desde el exterior, que, de aceptarse, crearían una suerte de estados dentro del Estado, rompiendo la unidad de Chile. Sí se puede hacer mucho para reconocer su aporte cultural y, desde luego, para recuperar con más decisión su lengua, elemento muy valorado por ellas.