La decisión de la Concertación de aunar fuerzas con el Partido Comunista se probó electoralmente eficaz. Pero distinto es suponer que dicha asociación también resultaría en una buena fórmula de gobierno. Aunque se pretenda que basta la adhesión de los partidos de la Nueva Mayoría al programa de gobierno de Michelle Bachelet, lo cierto es que los objetivos estratégicos del PC son tan diametralmente diferentes de los que persiguen democratacristianos y socialdemócratas, que su cohabitación en un mismo gabinete parece augurarse altamente conflictiva y contraproducente.

El documento programático oficial de dicho partido -que data de hace 12 años- no deja ninguna duda acerca de sus intenciones: como objetivo final postula la instauración en Chile de un Estado Socialista. Afirma que, a diferencia de los socialismos reales, algunos de cuyos yerros y abusos destaca, dicho régimen sería democrático, pluralista y respetuoso de los derechos humanos. Admitiría diferencias de clase y no sería "igualitarista". Pero la concepción comunista del pluralismo es explícitamente restringida al "respeto de todos a las normas democráticas socialistas", esto es, "a la existencia y preservación del Estado Socialista". Las enseñanzas de Marx, Engels y Lenin se mantienen aún vigentes -aclara el documento-.

En el camino hacia ese Estado Socialista, el PC apela a todas las fuerzas de avanzada a conformar una Nueva Mayoría Nacional -nótese la coincidencia de nombre- para transformar el sistema político y económico, al que caracteriza como capitalista, neoliberal, supeditado al poder transnacional y al imperialismo. El programa repudia "la amplia apertura al exterior, libertad de movimiento de capitales, bienes y mano de obra barata", porque lleva a que asuntos vitales para el país sean resueltos fuera de nuestras fronteras. La inserción de Chile en el exterior debe, por ejemplo, privilegiar Mercosur, en vez de los tratados de libre comercio con EE.UU. y otros países. La inversión extranjera es aceptable, pero con limitaciones. Esto contrasta con el hecho de que los gobiernos de la Concertación jugaron un rol histórico en la profundización y culminación de nuestra apertura comercial y financiera, con la consiguiente modernización económica y cultural del país.

Propone el programa del PC un "plan nacional de desarrollo" para cambiar el "modelo económico neoliberal". Deben "restablecerse los derechos y garantías sindicales alcanzadas antes de la dictadura". La administración de los fondos previsionales no puede ser fuente de lucro ni someterse a la especulación bursátil, sino "contribuir al desarrollo de áreas de interés nacional". Hay que revertir las privatizaciones en diversos rubros. Son áreas estratégicas "que deben volver al patrimonio nacional" los recursos naturales, las industrias básicas de exportación, las fuentes de energía, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y marítimo, y el sector financiero. La respuesta más eficaz ante los monopolios capitalistas -sostiene- es la empresa de "propiedad social". En el transcurso de la construcción del socialismo existirán diferentes formas de propiedad, pero las de propiedad colectiva "tenderán a ser predominantes".

La polémica levantada por la eventual presencia comunista en el futuro gobierno de Bachelet no proviene solo de prejuicios ideológicos ni de resabios de la Guerra Fría. Sus planteamientos programáticos oficiales revelan una visión y un propósito a todas luces incompatibles con la trayectoria y los postulados de los restantes partidos de la coalición. Aunque el electorado debió haber sido alertado a tiempo de esta grave contradicción, es saludable que finalmente algunos de sus personeros se hayan atrevido a sacar la voz.