El Gobierno ha anunciado que sumará mil millones de dólares adicionales para capitalizar a Codelco. Con ello serán 3.200 millones los aportes de capital realizados por la administración Piñera, suma superior a la que destinaron gobiernos anteriores.

Estos recursos permitirán mejorar los índices financieros de la empresa y, como consecuencia, le permitirán mejorar su acceso a financiamiento bancario. Para el período 2013-2017, ella tiene en carpeta proyectos potenciales por 24 mil millones de dólares. Casi 60% de esta inversión sería de carácter estructural, es decir, corresponde a proyectos que amplían o hacen viables yacimientos y producciones tradicionales.

Diversos grupos -incluidos los trabajadores de la compañía- han cuestionado que los sucesivos gobiernos no capitalicen una fracción mayor de sus utilidades, para expandir su tamaño y aumentar su participación en la producción nacional. Sin embargo, hay dos contraargumentos para una política de elevada reinversión de las utilidades. Por una parte, el Estado debe decidir entre distintos proyectos e, idealmente, priorizarlos según su rentabilidad social, y no es evidente que invertir en Codelco sea necesariamente la opción más atractiva entre muchas otras. Es fácilmente imaginable que los beneficios de invertir esos recursos en el combate contra la pobreza, en educación o en salud pueden ser muy superiores a los que podrían obtenerse de destinar los mismos a la cuprera estatal.

Por otra, estas inversiones son riesgosas, y para las autoridades gubernamentales es muy difícil evaluar su conveniencia. Por cierto, ayuda un directorio profesional como el de Codelco en la actualidad, pero aun así las asimetrías son importantes y no hay indicadores claros que ilustren las decisiones de las autoridades. Uno de los problemas que ha tenido esta compañía son los elevados costos de producción. Hay diversas razones para esto -también se han elevado para otras empresas-, pero para las autoridades de gobierno es muy difícil conocer con exactitud las causas y evaluar la evolución de estos costos. En alguna medida, ellos están influidos precisamente por el carácter de Codelco, cuyos problemas suelen tener repercusiones políticas. Los verdaderos costos de producción son una de tantas asimetrías que enfrentan las autoridades.

Es posible que esta comprensible actitud de las autoridades produzca una inversión inferior a la óptima para una entidad de estas características. Diversos países han buscado maneras de evitar esto. La más tradicional es abrirla a capitales privados. Ha ocurrido así en Brasil y Colombia, y, más recientemente, México y Perú han avanzado en este camino. Las ventajas son importantes. Desde luego, se transarían sus acciones y habría una evaluación de mercado de su gestión que se reflejaría en el precio de ellas. Eso ayudaría a reducir significativamente las asimetrías actuales entre el "dueño" y los ejecutivos.

Además, el Estado, al no ser el único dueño, no tendría la responsabilidad de ser el único aportante de capital. Podría, por cierto, mantener opciones preferentes en esta dimensión. Es más, en ocasiones el Estado chileno podría decidir no aportar y reducir su participación en Codelco, y en otras ser el principal aportante y recuperar participación en ella. Y una ventaja adicional de este camino es que obliga a terminar con el gravamen de 10% de las ventas, en beneficio de las compras de sistemas de armas. Esos recursos quedarían disponibles para evaluar su mejor uso posible.