Entre las consecuencias de la crisis financiera de 2008-2009 se cuenta la enorme restricción de liquidez que afectó a las más diversas economías. Los gobiernos, y en particular los bancos centrales, reaccionaron inyectando estímulos monetarios sin precedentes. La menos convencional de las políticas fue el programa conocido como flexibilización cuantitativa ( quantitative easing ). La Reserva Federal de Estados Unidos llevó adelante la arremetida más ambiciosa, si bien no fue la única autoridad monetaria que siguió ese camino. En días recientes, su presidente saliente, Ben Bernanke, anunció un retiro gradual del estímulo. Este contemplaba la compra por el instituto emisor estadounidense de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas por un total mensual de 85 mil millones de dólares. A partir de enero, las compras se reducirán en 10 mil millones de dólares.

El retiro de los estímulos es para EE.UU. una buena noticia, pues indica una recuperación de la actividad productiva. Los inversionistas entendieron el anuncio como una confirmación de que el país se está recuperando con solidez, y 2014 será un buen año. Diversos indicadores económicos parecen avalar esta percepción, y el propio Bernanke manifestó que el programa podría terminar hacia fines de 2014. La Reserva Federal, además, se comprometió a mantener bajas las tasas de interés de política monetaria. Se busca evitar así un incremento rápido de las tasas de mercado, como respuesta a la menor liquidez.

En lo inmediato, el anuncio ha fortalecido al dólar, algo que los mercados ya habían estado adelantando en las semanas previas. En este escenario, es difícil pensar que los precios de los commodities , como el cobre, puedan tener una trayectoria ascendente. Quizás el mayor problema se refleje en economías emergentes, como Turquía, Indonesia e India (y, en menor medida, Brasil), con importantes déficits en cuenta corriente, que serán más difíciles de financiar. Las complejidades que puedan surgir en esas economías podrían producir algún efecto contagio, aunque es un escenario de baja probabilidad.

Chile se encuentra en un muy buen pie para enfrentar una situación de menor liquidez en los mercados internacionales. Su déficit en cuenta corriente es moderado y existe una sólida posición fiscal. Es inevitable que sufra algunos efectos negativos, a resultas de términos de intercambio menos favorables, y un aumento en los costos de financiamiento. Las empresas chilenas, como consecuencia de fuertes programas de inversiones desarrollados en los últimos años, presentan niveles de endeudamiento que, sin ser preocupantes, resultan altos. Los proyectos adicionales tendrán que financiarse a costos mayores, por la menor liquidez que significa la acción de la Reserva Federal, y porque los financistas tenderán a exigir, en promedio, mayores premios por financiamientos adicionales.

Este escenario no puede ser ignorado en el diseño de la política tributaria que está pensando el nuevo gobierno. La ampliación de la base tributaria para las personas -derogación del FUT- reduce los recursos disponibles para que las empresas puedan ahorrar e invertir. Esto se haría precisamente en un momento en que el acceso a financiamientos alternativos se estaría encareciendo. Tal consideración no debe entenderse como un argumento para intentar frenar la reforma tributaria, pero sí constituye un llamado a perseverar en una política que proteja los recursos utilizados por las empresas para invertir. Si se teme que parte de los dineros del FUT se destinan a consumo, la lógica dicta que deben clausurarse esas filtraciones, pero no reducir el financiamiento para la inversión.