Señor Director:

En las últimas semanas, la ministra de Educación ha tenido contradicciones públicas entre sus deseos y acciones, al punto de que planteó la necesidad de aumentar la transparencia y fiscalización a las universidades que reciben dineros públicos, pero impidió en los hechos que ello sucediera al no patrocinar una indicación en ese sentido en el presupuesto de la nación 2014. También planteó que “las universidades en Chile no pueden tener fines de lucro”, lo que contrasta con las tardías y pobres investigaciones realizadas por su cartera para que se cumpla la ley.

Ahora la ministra está planteando que quiere transparencia en el uso de los recursos que recibe el Demre por el pago de aranceles para la PSU, desconociendo que la Universidad de Chile es estatal y que todos sus recursos, sin excepción, son fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Esta campaña de declaraciones revela desconocimiento y menosprecio por la educación pública, y al parecer pretende esconder que el Estado está entregando anualmente más de US$ 1.000 millones a las universidades privadas tradicionales y nuevas, sin que esos dineros públicos sean completamente fiscalizados por la Contraloría General de la República, y estén sujetos a la Ley de Transparencia y al Portal Mercado Público. Ese monto representó en 2012 el 58% del total del presupuesto fiscal a las universidades del país.

La gravedad de la situación descrita ha sido denunciada en más de una ocasión por la Contraloría General de la República.

Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile