¿Deben participar los estudiantes organizados, de una manera vinculante, en la futura reforma educacional? La Confech —en declaraciones formuladas este viernes— sostiene que sí.

“La comisión de expertos —declaró la presidenta de la FEUC y vocera de la Confech— no es el camino. Si se va a hacer una reforma, tiene que ser con nosotros y de manera vinculante, porque somos nosotros quienes hemos levantado el tema de la educación, y nuestra participación no puede pasar por dar la aprobación o no a un programa que ya está escrito”.

La demanda de la Confech está, en principio, apoyada en buenas razones.

La deliberación en torno a la cuestión educativa —en especial si se atiende a las dos últimas décadas— ha estado en manos de técnicos y alejada de los ciudadanos. Y una situación como esa no es razonable para el sistema democrático. En eso los estudiantes tienen toda la razón. La educación no es una cuestión estrictamente técnica. Y ello por dos razones.

Desde luego, la técnica tiene que ver con los medios, pero no con los fines. Por eso Aristóteles afirma que la técnica sabe el cómo, pero no el porqué. Y Heidegger sugiere que la ciencia no piensa. Ni Aristóteles ni Heidegger quieren decir que los técnicos no sean gente informada e inteligente. Lo que quieren decir es que escapa a la índole del saber técnico la deliberación acerca de los fines que deben ser perseguidos. Y ocurre que la educación es indiscernible de los fines que con ella se persiguen.

¿Se trata de capacitar para el trabajo? ¿Quizá de desarrollar el sentido crítico y reflexivo? ¿Acaso familiarizar a los estudiantes con los clásicos o con el canon occidental? ¿Tal vez desarrollar las virtudes ciudadanas? ¿Favorecer, quizá, la movilidad social? ¿Permitir a los padres una cierta decisión eugenésica respecto de sus hijos? ¿Permitir que los futuros ciudadanos tengan todos la misma experiencia intelectual? ¿Dar la oportunidad a las minorías para que reproduzcan su cultura? ¿Permitir que las mayorías impongan la suya? ¿Hay que hacer esfuerzos por que la educación estimule la autonomía individual o el sentido de pertenencia colectiva? ¿La educación debe enfatizar conocimientos o destrezas? ¿La escuela debe transmitir un código moral o enseñar a los alumnos a discernir el suyo?

El saber técnico no provee razones para contestar ninguna de esas preguntas. Respecto de ellas, como decían Aristóteles o Heidegger, el técnico o el experto no piensan. A la hora de responderlas, ellos no llevan ventaja alguna respecto del ciudadano común o corriente.

Y ello conduce a la segunda razón que apoya el punto de vista de la Confech.

La democracia —porque de eso se trata, de fortalecer la democracia— consiste en el esfuerzo de una comunidad política por autogobernarse, por decidir cómo y de qué forma quiere llevar adelante su vida en común. Y ello supone que sean los ciudadanos (todos los ciudadanos y no solo una porción cualificada de ellos, sea lo que fuere lo que la cualifique: su posición laboral, su riqueza o su linaje) tienen derecho a responder, en condiciones de igualdad, la pregunta que está a la base de la vida compartida: ¿Cómo debemos vivir?

Pero esas razones —que avalan la demanda de los estudiantes— muestran también la limitación de su postura y el error en el que incurren.

Porque si lo anterior es así —si la cuestión educativa pertenece a los ciudadanos, como, es de esperar, ellos estén de acuerdo—, entonces no hay razón para que reclamen una autoridad especial para su opinión. Si los médicos no pueden reclamar ninguna autoridad especial cuando se trata de debatir sobre si la salud es pública o privada, o los notarios cuando se trata de decidir cuál es la mejor forma de cautelar la fe pública o los ingenieros sobre si debe haber concesiones de obras públicas o los militares acerca de su poder en el Estado, ¿por qué el punto de vista de los estudiantes debiera ser vinculante —como pretende la Confech— a la hora de la reforma educativa?

Los médicos, los notarios, los ingenieros, los militares y los estudiantes deben participar, sin duda, de la deliberación en lo que atinge a la salud, la fe pública, las concesiones, la defensa nacional o la educación, pero deben hacerlo en cuanto ciudadanos y sin reclamar, como lo pretende la Confech, título o linaje alguno para que su opinión pese más que la de cualquier otro.