Hoy, domingo 19 de noviembre de 2017, Chile se enfrenta a una nueva elección presidencial decisiva para su futuro. En los últimos cuatro años, al mando de Michelle Bachelet y la Nueva Mayoría, el país perdió el dinamismo económico que había mostrado durante el gobierno anterior. El clima de incertidumbre generado por las polarizadas discusiones para dotar al país de una nueva Constitución, unido a una significativa alza del impuesto a las empresas y de la eliminación del FUT, ha reducido significativamente la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

Chile ha transitado en los últimos cuatro años un camino similar al que recorrió Brasil, años atrás, durante el gobierno de Dilma Rousseff. Después del exitoso récord de crecimiento económico experimentado durante la presidencia del ahora mítico Lula da Silva, Rousseff implementó una serie de cambios regulatorios que debilitaron los derechos de propiedad y la confianza de los inversionistas. Lo anterior, unido a los escándalos de corrupción, altos costos y atrasos de las obras de infraestructura asociadas al Mundial de fútbol 2014 y a los JJ.OO. del año pasado, terminó por debilitar el crecimiento económico, el que ha promediado un magro 2,5% desde el 2011 a la fecha.

En el caso de Chile, después de crecer cerca de 5,5% promedio durante la administración del Presidente Piñera, en la cual el país además creció por sobre el promedio del mundo y del de Latinoamérica, en los últimos cuatro años el crecimiento ha promediado tan solo 3%.

Lamentablemente, el bajo crecimiento de la actividad económica, unido a un aumento desmedido del salario mínimo, ha generado un paulatino pero constante aumento en la tasa de desempleo. Debido a esto, la pobreza e indigencia en el país están en los mismos niveles que recibió el actual gobierno. Por su parte, la desigualdad tampoco se ha reducido. El alza de impuestos redujo los ingresos netos de los chilenos de altos ingresos; sin embargo, las políticas públicas implementadas con los ingresos adicionales recibidos por el gobierno, en particular la referida a la educación universitaria gratuita para todos, más que compensó el efecto inicial del alza de impuestos sobre el índice GINI.

La campaña presidencial ha sorprendido por sus altos niveles de polarización. Se pensaba que dados los magros resultados del actual gobierno, los dos candidatos con mayores posibilidades de ser electos tendrían posturas comunes en torno a las políticas necesarias para retomar la esquiva senda de Chile hacia el desarrollo. Sin embargo, la candidatura de centroizquierda ha sido relativamente exitosa en culpar a la mezquindad y avaricia de los empresarios por los malos resultados económicos de los últimos cuatro años. Esta situación es similar a la observada en Venezuela, durante las elecciones municipales de 2013, cuando el otrora Presidente Nicolás Maduro culpó con relativo éxito a los empresarios por el desabastecimiento y la inflación galopante que vivía ese país.

De manera que cuando la gente de centroderecha pensaba que el retorno de las políticas públicas y la institucionalidad que generaron el período de mayor avance económico, social y de desarrollo humano que haya vivido Chile en su historia estaba garantizado, se equivocaban rotundamente. La elección presidencial de hoy es muy reñida. Si al final del día se impone la candidatura de la Nueva Mayoría, Chile puede terminar profundizando el nuevo modelo implementado por el actual gobierno, a pesar de los malos resultados de los últimos cuatro años. Este resultado probablemente conduciría a Chile a un destino similar al de otros países sudamericanos como Argentina y Venezuela, que tuvieron durante el siglo pasado sus treinta años de éxito, pero luego se desviaron sin retorno de la senda del desarrollo.

José Ramón Valente