Sobre el enorme progreso de Chile en las últimas décadas ha pendido siempre una incógnita. Los sucesivos y muy disímiles gobiernos, con encomiable visión, mantuvieron el sistema socioeconómico que nos ha puesto a la cabeza del avance en Latinoamérica, pero subsistía la duda de si habían logrado hacer comprender a la población el vínculo causa-efecto entre ese sistema y el avance resultante del mismo, y lo anterior específicamente en áreas vitales para las grandes mayorías, y no solo para ciertas minorías —según la caricatura que sistemáticamente promueven sus detractores, apegados a estatismos del siglo pasado—.

Esa comprensión es un fenómeno esencialmente político, que no depende de estadísticas y cifras, por macizas que ellas sean. Por eso, hace ya años que respecto de Chile se ha ido divorciando la opinión exterior de la interior. Internacionalmente —sobre todo en comparación con el resto de los países latinoamericanos— se nos califica mucho más favorablemente que cuanto muestra la opinión interna, alcanzada por demandas insatisfechas, urgencias no atendidas y expectativas no cumplidas.

La “clase política” —derecha e izquierda por igual— tenía el deber de conducir y liderar este proceso, y de hacer entender las dificultades del camino, como las ha tenido todo país que haya logrado el desarrollo. Pero no lo ha hecho, ni siquiera en momentos de cénit, como el restablecimiento de la democracia en 1990, con los primeros gobiernos de la Concertación, marcados por grandes acuerdos políticos, en la mejor tradición republicana.

Los actores de la vida económica y social chilena, y especialmente el nuevo empresariado que eclosionó en Chile en este inédito marco propicio para el desarrollo, también han omitido dedicar esfuerzos a esta labor indispensable de explicación del “modelo”, dándolo —cómoda e imprevisoramente— por garantizado.

En ese cuadro, con los años se ha ido acumulando crecientemente un cúmulo de impaciencias, resentimientos y rebeldías comprensiblemente surgido de frustraciones a las que nadie ha sabido o querido responder con explicaciones sostenidas, “pedagogía cívica” (y también económica, en cuanto al significado y resultados del sistema en aplicación), búsqueda de acuerdos elevados que aseguraran la mantención del desarrollo, sin perjuicio de atender a múltiples ajustes “blandos” respecto del bienestar general, que podrían reducir la percepción de desigualdad en los progresos.

Breve trecho podía mediar entre ese malestar inicialmente difuso y las posiciones extremas, la violencia, la ilusión de que descartando todo “el sistema” se podría avanzar más rápido, el anarquismo propiciado por cierto grupos exaltados, casi al modo del siglo XIX.

Ante eso, y muy lamentablemente para nuestro país, la derecha no ha podido articular un discurso político que haga entendible el efecto práctico de su ideario para las personas, y la Concertación, por su parte, no ha sabido valorar su propio acierto y éxito, y renovarlo.

De allí esa sensación de orfandad de opciones modernas, que da a los discursos alternativos, utópicos, extremistas, una gravitación muy superior a la que merecen, desatando un clima de negativismo generalizado, cuyo conjunto sorprende por la incongruencia entre el catastrofista retrato de Chile que se desprende del decir de no pocos, por una parte, y las excelentes cifras socioeconómicas que han fluido y siguen fluyendo durante este año.

Cualquiera sea el nuevo gobierno, será una necesidad de prudencia encauzar esas percepciones, a la vez demasiado pesimistas y demasiado optimistas, por vías políticas y económicas que la población común pueda comprender fácilmente.