Señor Director:

En su columna del lunes, Claudio Grossman ilustró de buena forma el estado del arte en torno al derecho internacional de los DD.HH. y las relaciones exteriores de nuestro país. Es innegable la importancia que ha adquirido el deber de respeto y promoción de los derechos humanos en la sociedad actual. En materia de RR.EE., en particular, existe un amplio consenso en la dirigencia política nacional sobre la necesidad de que estas cuestiones se aborden con una visión de Estado.

Sin embargo, esa visión de Estado no está garantizada en todos los ámbitos. En rigor, no existe una institucionalidad autónoma que tenga el deber expreso de defender al Estado ante organismos internacionales. La experiencia muestra que, al no existir la obligación de defenderse, y con bajo control político en la materia, el gobierno de turno bien puede plantear una defensa “de papel”. O, peor aún, simplemente allanarse cuando una condena internacional resulta funcional a su propia agenda legislativa. Por ello no existen garantías de que el Estado, representado por el gobierno de turno, defenderá siempre los intereses de la nación por sobre las agendas político-partidistas.

Por otra parte, la aspiración señalada por Grossman respecto de la creación de una Corte Mundial como parte del proceso de despolitización de los derechos resulta al menos discutible. Cada vez más voces advierten sobre los riesgos de que estos organismos internacionales, al menos en algunos casos, terminen sirviendo a intereses político-ideológicos.

Antes que en nuevos organismos, debemos pensar en cómo avanzar en frenos y contrapesos que ayuden a disminuir los riesgos denunciados, para asegurar el respeto al espíritu fundacional del sistema internacional de los DD.HH., y el resguardo de las exigencias básicas de justicia que este busca proteger.


Claudio Alvarado R.
Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad

Tomás Henríquez C.
Director Ejecutivo Comunidad y Justicia