La formulación de la Ley de Presupuesto en Chile se rige por normas constitucionales y una tradición que se remonta a 1834, como una práctica arraigada. Noviembre es el momento crítico de su discusión, y la experiencia reciente muestra que se termina aprobando a última hora, tras maratónicas sesiones en el Congreso.

También es sabido que la discusión está contaminada por los cálculos políticos de los parlamentarios, que obligan al ministro de Hacienda a dejar de lado ciertos criterios técnicos en las transacciones propias de las lógicas políticas. Este año no será una excepción.

Pero, más allá de eso, hay pocas instancias del debate público más ajenas a la población, aunque es aquí donde se definen las prioridades del Gobierno para el año siguiente y se da continuidad a políticas que afectan directamente a las personas.

La propuesta 2014

El proyecto propuesto incorpora gastos por $32.240.551 millones, ingresos del gobierno central por $30.840.787 millones, y un déficit efectivo de $1.399.763 millones. En la práctica, implica un aumento de 2,1% respecto del Presupuesto 2013. Según las cifras de Hacienda, los ministerios de Educación, Trabajo y Salud son las partidas que representan los mayores porcentajes del gasto, con 21%, 16.6% y 16,2%, respectivamente. Cabe notar que, respecto de 2010, el presupuesto en Educación aumenta 35% y en Trabajo 12,2%, demostrando el énfasis puesto por la actual administración en áreas sociales clave.

Estos montos buscan consolidar nuestra posición fiscal, considerando la incertidumbre que aún caracteriza la situación económica mundial. El análisis detallado de la distribución de los gastos demuestra que se da continuidad a esfuerzos por mejorar la situación de los más vulnerables y la clase media.

Pero el debate no ha estado centrado en estos temas de fondo. La estrategia del Gobierno de buscar acuerdos para alcanzar una “vía rápida” ha sido detenida por la discusión en torno al monto y composición de los fondos de libre disposición, que ya superarían los 700 millones de dólares, entre aquellos de disponibilidad suplementaria (480 millones) y reasignaciones (220 millones). Cabe recordar que la actual administración recibió 450 millones de libre disposición y que las propuestas de reforma que plantea la Nueva Mayoría se suponen graduales. Por eso, hasta ahora ha sido difícil permear una explicación convincente para esta solicitud.

Más del 80% del presupuesto es inercial

Por su naturaleza, en el último año de un gobierno la Ley de Presupuestos tiene un carácter especial, pues determina el monto y el uso de los recursos públicos para el primer año de la administración siguiente. Esto hace compleja su discusión, lo que no necesariamente resulta contraproducente si el debate se encauza por canales técnicos y permite llegar a acuerdos.

A lo anterior se agrega que, estructuralmente, más del 80% del Presupuesto corresponde a gasto inercial: el requerido para cumplir con obligaciones legales y contractuales del Estado, dar continuidad a las reformas e iniciativas multianuales que ya se desarrollan y a aquellos programas que no presentan evaluaciones negativas. Así, el espacio para negociar está estructuralmente limitado. En un país con instituciones fuertes, como Chile, y con equipos técnicos de calidad, las tensiones por la discusión del presupuesto anual no deberían representar, más allá de la natural controversia política, un problema mayor.

Terminologías tecnicistas

El Presupuesto de la Nación deberá ser aprobado en menos de 10 días. En el contexto político actual, la negociación se anticipa dura. Pero ese complejo escenario ofrece oportunidad para sentar un precedente importante. Insistimos en que se deben multiplicar los esfuerzos para asegurar que todos los cambios en las asignaciones sean transparentes. Es necesario ser más claros que nunca respecto de cuáles son gastos rígidos y cuáles flexibles, esenciales o secundarios. Es imperativo simplificar la impenetrable discusión presupuestaria, para que el ciudadano pueda entender las implicancias de los cambios y las demandas de las partes. Es necesario traducir las glosas a un lenguaje más cercano a la gente.

El mismo grado de transparencia y comprensibilidad que se exige a los privados (bancos e isapres, por ejemplo), también debe exigírsele al Presupuesto Nacional. Un avance así tendría efectos importantes en el corto y mediano plazo, permitiendo a la ciudadanía distinguir, detrás de los tecnicismos, las reales intenciones de las distintas partes.