Cuando hace un año la Corte Suprema rechazó los últimos recursos de la fiscalía y el caso Bombas llegó a su fin, abundaron los cuestionamientos exaltados contra autoridades que habían tenido algún protagonismo en esa investigación. Entonces, y frente a ese clima de escarnio, este diario hizo notar un punto central: lo que aquí había habido no era simplemente el fracaso de un fiscal o de algún miembro del Poder Ejecutivo, sino algo mucho más grave, a saber, una falla de todos los actores del sistema penal involucrados. En síntesis, quedaba en evidencia la incapacidad del Estado para perseguir y sancionar a los responsables de más de un centenar de atentados explosivos cometidos a partir de 2005.

Sin embargo, la detención en España de dos chilenos vinculados a la ideología anarquista, entonces absueltos y ahora acusados de participar en la detonación de una bomba en la Basílica del Pilar, en Zaragoza, pone de relieve la magnitud de aquel fracaso, pero también permite observar aristas que en su momento resultaron algo obviadas.

Mucho se habló entonces —y con razón— de las debilidades en la indagatoria llevada a cabo por el Ministerio Público, con fallas procedimentales inexcusables. También se hizo patente la precariedad del así llamado sistema de inteligencia nacional, y en particular de la ANI, incapaz de reunir la evidencia necesaria para sostener las acusaciones.

Pero si bien eso es efectivo, no debieran olvidarse tampoco ciertas actitudes insólitas de algunos de los magistrados que conocieron del caso, cuyas expresiones descalificatorias hacia la parte acusadora no constituyeron la mejor forma de mostrar imparcialidad. Por otra parte, que dos tercios de las pruebas originalmente presentadas por la Fiscalía hubiesen sido desestimadas por el juez de garantía —que impidió que fueran invocadas en la causa— confirma tal vez las críticas a la calidad de la investigación, pero resulta indicativo también del poder que pueden llegar a tener estos magistrados para determinar el curso posterior de un juicio: precisamente fue dicha exclusión de pruebas (entre las que se encontraban un peritaje psiquiátrico o las especies incautadas en la residencia de la conviviente de uno de los acusados, cuya declaración extrajudicial había sido una de las bases de la indagatoria) la que hizo caer la imputación del delito de asociación ilícita, y con ello debilitó sustancialmente la causa del Ministerio Público.

Por último, no cabe olvidar el apoyo político recibido por los imputados. Incluso antes de iniciarse el juicio, parlamentarios opositores denunciaban “injusticia” e incluso, en algunos casos, reputados analistas de la Concertación de obvio talante democrático hablaban de “un enjuiciamiento más político que legal”.

Las noticias provenientes de España obligan a reevaluar las cosas. Desde luego, se hace evidente el abismo que separa las capacidades institucionales de ese país para enfrentar el terrorismo —producto de la amarga experiencia allí acumulada— con nuestra propia precariedad, que parte (igualmente en contraste con la situación peninsular) por el temor mismo a usar esa palabra y la legislación especial que persigue tales conductas. Peor aún, el consenso para enfrentar con unidad el violentismo —una característica de los primeros años de la transición— parece haberse diluido, hasta transformar el punto en un tema más de la controversia política. A propósito de las detenciones en la península, el ministro del Interior ha dicho que ahora algunos tribunales chilenos debieran dar explicaciones. Tal vez, más que eso, lo que corresponda sea asumir la gravedad de los atentados ocurridos a partir de 2005, dimensionar las implicancias del fenómeno anarquista y terminar con las largas condescendencias en esta materia.