Los jueces están llamados en primer lugar a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y las leyes, con independencia de sus preferencias personales. Si una persona considera que al tomar decisiones no puede dejar de lado sus propios puntos de vista para aplicar las expresiones de la voluntad general, entonces no está capacitada para desempeñarse como juez. Incluso en los casos extremos en que el texto legal parece inadecuado para resolver una determinada situación, el Estado de Derecho prohíbe al juez de turno aplicar sus propias opiniones y convicciones personales y le manda consultar el espíritu de la norma o interpretarla conforme a la Constitución, cuando ello es posible sin torcer el sentido de la ley.

Y cuando esto último no resulta viable, el ordenamiento prevé que se remita el asunto al Tribunal Constitucional, entre cuyas competencias está precisamente la de declarar inaplicable una ley cuya recta aplicación conduciría, en el caso concreto, a un resultado contrario a los derechos fundamentales.

Para interpretar adecuadamente la ley, sin embargo, se requieren independencia e idoneidad profesional. Parte importante de ellas proviene de una sólida formación jurídica, pues solo quien conoce bien el derecho y su ciencia puede advertir el potencial y al mismo tiempo los límites de una determinada norma o del conjunto de reglas que constituye una institución. Asimismo, la falta de competencias técnicas da lugar a un escenario propicio para prácticas reñidas con la independencia, y no son pocos los casos en que el recurso a una aparente justicia del caso concreto sólo encubre el desconocimiento de las alternativas de solución que ofrece el derecho vigente.

Cuanto menos espacio ocupan en la deliberación las consideraciones estrictamente jurídicas, más terreno tienen a su disposición las influencias o las ideologías. El rol de los jueces en un Estado de Derecho depende de una particular combinación de humildad para reconocer los límites de la propia función, y grandeza para aspirar a un conocimiento acabado y profundo del derecho. La selección de los candidatos a jueces y el régimen de la carrera judicial tienen que ser capaces de fomentar esta combinación. Por eso, los postulantes deberían surgir de entre los mejores alumnos de las mejores facultades, así como de entre los académicos y profesionales más reconocidos.

El trabajo de los magistrados debería ser calificado por personas independientes, sobre la exclusiva base de la calidad de sus sentencias y resoluciones. La carrera judicial debería permitir y fomentar que un juez se capacite al más alto nivel —incluyendo tanto estudios de magíster y doctorado como programas de intercambio y pasantía—, y que, si lo desea, pueda permanecer de por vida en una determinada función, incrementándose sus ingresos y beneficios conforme a la etapa de la vida en que se encuentre.

La administración de justicia en un Estado de Derecho se resiente si la función de los tribunales no se encuentra apoyada por un conjunto de instituciones eficaces, desde el Registro Civil o los conservadores de bienes raíces hasta los fiscales del Ministerio Público, pasando por el Servicio Nacional de Menores, el Servicio Médico Legal y, muy en especial, las policías. Pese a los esfuerzos que se han hecho en el último tiempo, una y otra vez la opinión pública es golpeada por sucesos que dan cuenta de la fragilidad e ineficacia de las instituciones mencionadas. Solo durante las últimas semanas, por ejemplo, el país asistió a la absolución de un acusado por abusos sexuales ya que la defensa, en un tercer juicio, logró desvirtuar una investigación de la Fiscalía que se develó sesgada, y tal sesgo provenía en buena parte de un informe defectuoso del SML. En otro caso, la misma Fiscalía, con el concurso del juez de turno, propuso una suspensión condicional a quienes interrumpieron violentamente una sesión del Congreso, premiándolos con la condición de realizar activismo a favor de una campaña de dudosa legalidad y cuya motivación coincide con la del delito imputado.

Se ha planteado la necesidad de fortalecer a la Fiscalía entregándole más recursos y, sin duda, requiere más fiscales y abogados asistentes. Pero una mayor dotación debe ir acompañada de importantes reformas en la gestión de recursos. Por ejemplo, en los incentivos inherentes al actual sistema de bonos y reconocimientos, cuyo sesgo cuantitativo, según los especialistas, conspira contra la calidad del trabajo. Al mismo tiempo, es muy discutible que se requiera una “carrera funcionaria” para gran número de fiscales, pues nada impide construir un buen servicio asumiendo una rotación más o menos elevada de los fiscales adjuntos a partir de cierto nivel en la jerarquía.

La necesidad de fortalecer la selección y capacitación de las policías es clamorosa, pues la principal garantía para víctimas e imputados es una investigación de calidad. Las cifras muestran, en cambio, que el sistema penal chileno persigue casi exclusivamente los delitos flagrantes, de modo que la inmensa mayoría de los hechos no se esclarece, o lo es por circunstancias más o menos fortuitas. El llamado “caso bombas” y la situación en La Araucanía, pese a todos los esfuerzos a nivel local, son una clara muestra de ello. Estas carencias no se superan, sino que solo se encubren, al incrementar las atribuciones de investigación autónoma de las policías.

Las deficiencias en los centros del Sename, por su parte, son de tal envergadura, que solo una preocupante indiferencia frente a los menores afectados puede explicar la pasividad de la opinión pública y, en parte, del propio Gobierno. Todo indica que la dramática situación actual de muchos hogares o centros solo puede superarse mediante una adecuada y mejor fomentada cooperación entre actores privados y públicos. También Gendarmería requiere una transformación radical, especialmente si se aspira a disminuir las condenas a penas de encierro. De lo contrario, cualquier sanción que no consista en la cárcel seguirá siendo irrisoria.

El Ministerio de Justicia, que debería ser vital, ha sido descuidado crónicamente. De allí que los servicios auxiliares de la Justicia, que son de su dependencia, sean deficientes o estén en franca postración. Además, hoy se observa confusión —predicha cuando se legisló al respecto— con las funciones y responsabilidades del nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Este último debería ser operativo para esta última tarea, pero mal puede serlo, si los órganos auxiliares referidos funcionan con evidente deficiencia.

El Estado está fallando en proveer seguridad pública, lo que se traduce en un crecimiento desproporcionado y no siempre eficaz de la seguridad privada. Irrita a la ciudadanía pagar impuestos para financiar una función esencial del Estado, como la seguridad pública, y además tener que proveérsela mediante servicios privados, cuyo conjunto alcanza costos enormes.

Corregir estas deficiencias será difícil, sin embargo, mientras subsista el actual apartamiento o indiferencia de las facultades de Derecho respecto de la génesis del mismo: hace ya varias décadas que ellas, en general, no intervienen protagónicamente en su perfeccionamiento y elaboración, como sí lo hicieron ante los colegisladores en el siglo XIX y también en la década de 1940.