A contrarreloj trabaja el Gobierno para completar su vasta agenda de reformas en el corto tiempo que resta de su período. El ministro de Economía, Félix de Vicente, ha anunciado el pronto envío al Congreso de un proyecto de ley que moderniza las normas relativas a la emisión de medios de pago, tales como tarjetas de prepago, de débito y de crédito. Esta iniciativa es una de las medidas comprendidas en la Agenda Impulso Competitivo, de implementación aún pendiente.

El acelerado avance de las tecnologías de la información ha permitido en el mundo la proliferación de nuevas formas de pago que reemplazan los medios tradicionales, el dinero y el cheque. Su conveniencia en materia de acceso, seguridad y registro las hace hoy preferidas para muchas transacciones. Pero su masificación no está exenta de riesgos en materia de seguridad tecnológica y confiabilidad. Hasta ahora Chile ha mantenido una actitud conservadora, restringiendo la emisión de “dinero plástico” a los bancos y, en el caso de las tarjetas de crédito, a casas comerciales debidamente reguladas. Como resultado de ello, hay indicios de que en Chile hay insuficiente competencia en la provisión de estos medios de pago, sus costos son altos y su uso estaría menos difundido que en otros países, incluso de menor desarrollo económico.

El proyecto anunciado aborda principalmente dos aspectos. En primer lugar, autoriza y regula la emisión de tarjetas de prepago por parte de entidades no bancarias. Se trata de un medio semejante a una tarjeta de débito —aunque no vinculada a una cuenta corriente, sino a un depósito previo—, que en el exterior es hoy ampliamente utilizada en el comercio electrónico. La modificación propuesta procura —con las precauciones que aconseja el necesario resguardo de la fe pública— que nuevos actores ofrezcan en nuestro país la posibilidad de efectuar pagos electrónicos con sus tarjetas. Tal opción permitiría, por ejemplo, a las empresas de telefonía móvil ofrecer a sus clientes la posibilidad de pagar desde un teléfono celular cuentas, peajes, pasajes y certificados del Registro Civil.

El segundo aspecto —más polémico— se relaciona con la estructura que hoy emplean los bancos para conectar y procesar los pagos efectuados con sus tarjetas de crédito y débito. Esa estructura es única, está constituida como filial de un conjunto de bancos y opera bajo el nombre de Transbank. El proyecto no innova en cuanto a considerar la red correspondiente una “facilidad esencial” del negocio, sujeta a economías de escala y complejos requerimientos tecnológicos, de acuerdo con lo dictaminado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en 2005. En cambio, establece que, mientras el TDLC no determine lo contrario, será obligación de Transbank dar en su red libre acceso a otros emisores de tarjetas, siguiendo un procedimiento semejante al que gobierna la interconexión de las redes de telecomunicaciones. Adicionalmente, exige a Transbank abandonar la función que hoy desempeña en la negociación con los comercios interesados en adscribirse a la red, lo que le conferiría la capacidad de utilizar su poder de mercado para establecer tarifas excesivas. Tal función quedaría en manos de los emisores de tarjetas —por ejemplo, cada banco— y la competencia entre ellos permitiría tarifas más convenientes para los comercios y mejores servicios. Los bancos fundadores de Transbank han hecho un valioso esfuerzo para masificar el uso del dinero plástico y logrado altos estándares de seguridad y calidad. Pero la libre competencia en este y otros rubros ha de ser bienvenida, aunque implique sacrificar márgenes de utilidad, porque favorece a los clientes, expande los mercados y legitima las ganancias.