Señor Director:

Los jueces ejercen poder. Montesquieu calificaba ese poder como el más terrible entre los hombres, pues —hacía ver— los jueces deciden sobre la libertad, la propiedad y la honra de personas determinadas. El mismo autor, padre de la arquitectura institucional democrática, clasificaba como despótico a aquellos Estados en que los jueces eran guía de sí mismos, reservando el nombre de repúblicas tan solo a aquellas en que los magistrados decidían conforme a derecho.

Como el derecho se ha vuelto incierto, y su interpretación depende, en parte, de los valores y principios que guían al juez; como se ha hecho en parte inevitable que el juez sea guía de sí mismo al resolver sobre la libertad, los derechos y la seguridad de sus iguales, es que se justifica no solo el interés público en las sentencias judiciales, sino también se legitima la crítica respecto de los fallos.

Observar las sentencias judiciales, someterlas al escrutinio público no es entonces una intromisión indebida en un asunto privado de los jueces, sino una señal muy sana de una sociedad atenta a quienes, en su nombre, ejercen poder y uno tan terrible y decisivo como el de juzgar a sus iguales.

Si los jueces ya no pueden presentarse a sí mismos como seres inanimados que se limitan a hacer hablar el derecho por su boca, es también razonable y conveniente que el pueblo, a través de sus autoridades electas, decida a qué jueces promueve a los más altos cargos en ese Poder del Estado. Si los gobernantes que promueven a los jueces no quieren decidir de modo puramente caprichoso o transformarse en orejeros de abogados que trafican influencias, deben decidir por sí mismos y de manera informada. Por sus fallos los conoceréis. Si por otra cosa fueran sopesados los magistrados a la hora de su promoción, el sistema se habría corrompido. Ello exige que el Gobierno mantenga un registro y un observatorio de los fallos judiciales. Solo de ese modo podrá elegir a aquellos que, a su juicio (el privilegio le viene del pueblo), están, por sus valores y criterios, expresados en sentencias, mejor capacitados para ejercer justicia en los más altos cargos.

¿Todo bien entonces con el observatorio judicial? ¿Reaccionan los jueces por un puro afán corporativo, confundiendo su independencia con una autarquía que no pueden ni deben reclamar en una república en la que ejercen poder y algún grado de discreción inevitable? No.

Tres aspectos tornan sospechoso e inconveniente el observatorio que el Presidente y la candidata aliancista proponen. El primero nace del hecho de que un observatorio no es un registro neutral, un mero lugar de transparencia; en eso nuestro Poder Judicial, a través de su página web, ha hecho avances notables, y ello no necesita ser reemplazado. Un observatorio es un lugar donde el observador selecciona, ejerce su parecer y critica. Si en una república ha de darse la bienvenida al interés que la sociedad tenga en los fallos, el Gobierno hace mal en confundir el suyo con el interés público. Ojalá se multipliquen los observatorios judiciales; los tenga cada medio de comunicación, cada ONG en los temas de su interés y cada Escuela de Derecho. Pero el Gobierno no debe tener un observatorio público, sino uno reservado para ejercer el poder de promoción que le corresponde. En una república plural no caben observatorios oficiales de los jueces en manos del Presidente. En nuestra Constitución, el Ejecutivo ya tiene suficientes poderes, para arriesgar la libertad de las personas con otra facultad más, que no le corresponde, como es la de intentar guiar la crítica pública en esta materia, pues su interés en las causas es también manifiesto y, de llegar a incidir por esa vía en las decisiones judiciales y en los criterios de los jueces, estaría aumentando su poder, ya suficientemente obeso en nuestro sistema. También son despóticos los Estados en los que el Ejecutivo juzga.

La segunda razón para recelar del observatorio judicial oficial es que está siendo promovido para fiscalizar a los jueces, lo que quiere decir que tiene por objeto traer sus sentencias a juicio y así someterlas, en este caso, a los criterios del Ejecutivo. Mala república tendríamos si así sucediera.

La tercera y última razón de crítica a la iniciativa, la que no podrá ser hecha por los jueces, es que, promovida en época de campaña, ella huele a populismo; parece un modo de desviar el foco de la responsabilidad hacia la cara de los jueces por otras promesas igualmente desmesuradas e imprudentes que se hicieron antes, como fue la de acabar con la delincuencia, que ahora cobran la cuenta.

Jorge Correa Sutil