Candidaturas de exhibición

Los foros en la actual campaña presidencial —y especialmente el del martes pasado— confirman que nuestro sistema de candidaturas a la Presidencia de la República requiere reformas indispensables, so riesgo de decaer en procesos grotescos. En el ánimo de hacerlo más democrático y participativo, se redujeron los requisitos a un nivel imprudente. Así, un candidato independiente puede inscribir su candidatura presidencial con solo el patrocinio ciudadano (firmas) del 0,5% de los votantes de la última elección para diputados. Esto representó, para la actual elección presidencial, 36.318 firmas —esto es, una ínfima proporción de un potencial de aproximadamente 13 millones de votantes—. Notoriamente, ese umbral debería ser más elevado, como lo es en numerosos países avanzados. Será importante observar, tras las próximas elecciones, si todos los candidatos participantes efectivamente lograron al menos tantos votos recibidos como firmas recolectadas. Estas últimas son comparativamente fáciles de obtener y, más aún, con probabilidad tienen una verificación técnica menos rigurosa, difícilmente calificable como de alto estándar. Y, en todo caso, tales firmas no comprometen a nada a quien las entrega.

Aisladamente, eso podría ser menos grave, si no se insertase en un conjunto de otras medidas cuyo conjunto arroja un balance alarmante. Porque lograr ese modesto umbral de firmas da derecho a espacio impensado en la franja electoral gratuita por TV (de suyo, una modalidad hoy sin muchos equivalentes en el mundo), y acceso a todos los debates en los medios. Por eso, un número creciente de postulantes, sin ninguna responsabilidad ante nadie (no tienen tras de sí partidos, ni movimientos serios, ni parlamentarios, ni siquiera concejales), sin ninguna probabilidad de triunfo y que, además, tras una pintoresca aventura política, pueden beneficiarse en el mundo privado de la publicidad así conseguida, goza de un lapso y tribuna privilegiados de exhibición pública. Además, el generoso financiamiento estatal, en función de los sufragios recibidos, sin umbral mínimo, hace que este ejercicio no presente riesgos económicos para los participantes, e incluso pueda resultarles conveniente.

El nivel de dichos debates entre casi una decena de contrincantes, priva a los candidatos mayoritarios de la posibilidad de plantear y contrastar entre sí sus propuestas con precisión y responsabilidad, algo que la ciudadanía tiene derecho a esperar. Peor aún, algunas candidaturas llamadas testimoniales, para hacerse notar recurren a descalificaciones personales, irrespeto, agresiones y exabruptos que llegan a lo injurioso. Todo esto rebaja peligrosamente los cánones republicanos.

Urge elevar los umbrales para postular al mando de Chile. Si no se redignifica ese proceso, el más importante para el curso del país, se arriesga la solidez de nuestra democracia. Ya es un síntoma ominoso el que, según la última encuesta CEP, el 53% de los encuestados manifieste no tener ningún interés en votar.

En su conjunto, esta situación ratifica que Ejecutivo y Congreso han legislado una y otra vez sin acuciosidad ni estudio suficientes al introducir una sucesión de reformas a nuestra normativa electoral, y solo ahora, cuando ellas están ya vigentes y produciendo, como se observa, una cascada de efectos no deseados ni previstos —habiendo podido serlo—, deploran el desprestigio que afecta a la “clase política” y denuncian lastimeramente la incomprensión de la ciudadanía para con los sacrificios de quienes se consagran a la vida pública.

Encuestas y valor predictivo

Muy cercano ya el día de la elección, subsiste la incógnita sobre el real valor predictivo de las actuales encuestas. Con la introducción no suficientemente madurada del voto voluntario, ellas, en sus modalidades anteriores, probaron en las municipales su completa invalidez. Todos los métodos han debido ser reestudiados —como en el caso de la encuesta que este diario publicó en su edición de ayer— y al respecto se está hoy, sin excepción alguna, en una etapa experimental. Los nuevos sondeos electorales requerirán tiempo y reiterados ensayos antes de probar su vigencia.

Siendo así, no cabe duda de que, mientras dure este período de reasentamiento, sería riesgoso asignar mayor confianza a aquellas encuestas tradicionales demasiado notoriamente la evidencia en conjunto de las cuatro elecciones presidenciales previas. Eso podría desincentivar a muchos a votar, por exceso de confianza o de pesimismo, alterando con ello las realidades y los equilibrios políticos.