La candidatura de Marco Enríquez-Ominami -como antes la de Evelyn Matthei- ha presentado su programa de gobierno. La discusión sobre la necesidad de exhibir un documento de esta naturaleza ha estado llena de matices. En la experiencia electoral comparada, lo más habitual es que las distintas candidaturas se sientan obligadas a presentar los programas a los ciudadanos. Es una muestra de respeto hacia los votantes y, además, una carta de navegación que permite un escrutinio ciudadano necesario para la profundización de la democracia. Que los candidatos no se sientan obligados a presentar sus propuestas de un modo argumentado y coherente no es transparente. Por eso, cabe felicitar a esta candidatura por adherir a este ritual tan propio de las democracias modernas. Quizás la presentación es algo tardía, pero el esfuerzo es bienvenido.

El programa está organizado en 24 áreas temáticas, cada una con desarrollo muy disparejo: en algunas los planteamientos son muy generales todavía; en otras hay un desarrollo mayor. Por ejemplo, queda claro cómo se pretenden recaudar los 13 mil millones de dólares adicionales que se estiman necesarios para financiar los programas más ambiciosos. Las fuentes serían básicamente aumento de impuestos a las empresas, incluyendo un royalty a la minería, adicional al actual impuesto específico. También se contempla una reducción de exenciones tributarias. Un décimo de este monto provendría -se afirma- de un menor gasto militar, pero no se especifica de qué partidas. Parece existir una confusión respecto del 10% de las ventas de Codelco, destinadas a las FF.AA., pero que no se gasta sino en mínima porción y forma parte de los ahorros del Estado.

Con estos recursos se busca financiar educación, salud y previsión, y también desarrollo productivo. Para este último ítem se propone un total de 2.600 millones de dólares, cuyo uso está insuficientemente precisado en el programa. Se establece, en todo caso, la creación de un Área de Propiedad Pública Estratégica en distintos sectores -incluidos alimentos-, que aparentemente busca ser una especie de regulador de mercados. No parece la vía más apropiada para estos fines y se puede prestar para malas prácticas. Las inversiones en educación -casi la mitad del total de este programa de gastos- busca, entre otros aspectos, asegurar la gratuidad en las universidades públicas estatales. Es interesante, dadas otras propuestas que se han planteado, que no se esté postulando gratuidad para todas las instituciones de educación superior.

En salud se retrocede significativamente en libertad de elección y se reemplaza por un servicio nacional de salud de cobertura universal que se financia con un fondo al que confluyen los aportes fiscales, las cotizaciones de los afiliados a Fonasa y parte de las cotizaciones de los afiliados a isapres. Este es un aumento de impuesto disfrazado a las personas que, además, reduce sus espacios de libertad respecto del sistema actualmente vigente.

La lectura del programa es también interesante porque refleja un contraste muy grande con su anterior incursión presidencial, salvo en áreas como energía o cultura. Hay un cambio de orientación evidente. Por ejemplo, en el programa de 2009 validaba el lucro en la educación escolar, pero ahora quiere terminar con él. Entonces daba buenas razones para no acabarlo; en el programa actual no las ofrece para terminarlo. Es cierto que las movilizaciones estudiantiles de estos últimos años han puesto temas como estos con más claridad sobre la mesa, pero las razones que se esgrimieron antes para defender una posición no deberían haber cambiado tanto. Los dirigentes políticos deben ser capaces de enfrentar los contenidos vacíos si quieren liderar el país, en vez de sucumbir a ellos. Quizás estos cambios de opinión, en tan poco tiempo, sean los que expliquen el más bajo desempeño de este candidato respecto de la pasada elección.