En las pocas encuestas disponibles, Michelle Bachelet es la candidata que aparece con mayores posibilidades de conducir el Gobierno desde marzo de 2014. Durante su campaña ha hecho un conjunto de planteamientos bastante generales, sin un hilo conductor claro. Por eso, desde distintos sectores, incluidos los de su propia coalición, se hace ver la necesidad de que entregue a la ciudadanía un programa de gobierno que refleje una visión de su potencial tarea, y que él se aterrice en medidas concretas. Ayer —dejando en claro que no es un programa— presentó 50 compromisos que impulsaría durante sus primeros 100 días de gobierno. Entre una variedad de propuestas, algunas son valiosas, como la idea de un Consejo Nacional de la Infancia para coordinar las políticas dirigidas a los niños, pero es difícil concluir a partir de ellas el sello que aspira a otorgarle a su gobierno. Es cierto que en la introducción a estas iniciativas se anuncian dos ejes convocantes: la desigualdad que afecta al país y la necesidad de construir un “país más diverso, más participativo, más democrático”. Pero estos son asuntos de largo aliento, que requieren una articulación más acabada, y no iniciativas aisladas, cuya conexión es difícil de precisar. Por ejemplo, no parece sólido anunciar desde ya una política de bonos en marzo y, además, plantearla como una política permanente. Más bien cabría esperar un estudio y revisión completos de la política de subsidios monetarios del país. Tampoco parece atendible sugerir una revisión de la ficha de protección social, cuando una comisión transversal propuso una nueva que está gradualmente aplicándose.

En áreas clave no hay iniciativas más específicas. Así, en energía la medida anunciada es que en los primeros 100 días se dará a conocer la agenda que se llevará adelante en ese ámbito. Asimismo, persiste la falta de precisión en materia educacional y tributaria, dos de las grandes dimensiones en que ha apoyado su campaña. Sobre la primera se dice que se enviará un proyecto de ley “para una Gran Reforma Educacional”, lo que se acompaña de iniciativas de dudosa conveniencia social, como la creación de universidades estatales en las regiones de O’Higgins y Aysén, y de cinco centros de formación técnica al alero de cinco universidades públicas locales. Respecto de la segunda, más que entrar en detalles se plantea que permitirá cumplir con todas las metas que se ha propuesto la candidatura. Pero esas metas no están en absoluto claras. Así, siempre hay una combinación de reforma tributaria y metas que se puede cumplir. Eso le resta sustentabilidad a estos anuncios.

En la presentación de estos compromisos también hay propuestas difíciles de justificar. Por ejemplo, la creación de una AFP estatal para promover la competencia. Durante el gobierno de Bachelet, en el marco de una reforma previsional, se evaluó esta posibilidad y, por buenas razones —específicamente, la insensibilidad de los cotizantes a los precios—, se prefirió licitar los nuevos afiliados. Esto ha tenido un impacto positivo sobre los precios y se puede profundizar en esta línea. Algo similar cabe decir respecto de la creación de los ministerios de la Mujer y Asuntos Indígenas: parecen ser más bien mensajes dirigidos a grupos de votantes antes que propuestas acabadas. Como lo planteó este diario frente al impulso de nuevos ministerios por la actual administración, estas iniciativas no pueden sustituir el desarrollo de instituciones y políticas públicas eficaces, lo que al menos en estos compromisos no se vislumbra respecto de la mujer ni de los pueblos originarios.

Hay también propuestas que, con matices, representan una continuación de acciones del actual gobierno, particularmente en salud, salas cuna, seguridad ciudadana e institucionalidad cultural. Por último, si bien los compromisos de Bachelet no pretenden ser un programa de gobierno (a diferencia del documento presentado por Evelyn Matthei), hay aspectos específicos que son comparables y parecen mejor resueltos en los planteamientos de la candidata de la Alianza; por ejemplo, en materia de consultorios y atención primaria, acceso a fármacos, regionalización, desarrollo de áreas verdes para las diversas comunas, crecimiento y protección del patrimonio cultural, entre otros.

Probablemente, estos compromisos reflejan las dificultades del Pacto Nueva Mayoría para ir acordando una agenda que represente equilibradamente a todas las visiones que convergen en ella, pero el documento entregado está por debajo de los estándares que en esta materia se esperan de una de las principales coaliciones políticas del país.