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Editorial
Domingo 06 de octubre de 2013
Un programa ya completo, el otro en discusión
Esta indefinición y dispersión programática en el comando de Bachelet (...) mueven a aprensiones sobre lo que podría ser la efectiva gobernabilidad y el peso relativo de cada partido...
A poco más de 40 días de la elección, el comando de Bachelet continúa trabado en una discusión abundante en desencuentros en torno a su programa presidencial, que trascienden pese a la orden de silencio impartida a los miembros de las diferentes comisiones que lo preparan. Se han conocido así las discrepancias del representante programático de la DC, Alejandro Micco, quien respecto del informe sobre nueva Constitución ha objetado, entre otros, “un aire antirreligioso” y la posición sobre el aborto. Su correligionario, el constitucionalista Patricio Zapata, informa sobre diferencias en cuanto a estados de excepción y recelo frente a la reelección presidencial inmediata. En su partido hay molestia por la débil influencia que siente tener en el comando de la Nueva Mayoría, para revisar lo cual se había citado a un cónclave de su directiva y parlamentarios el próximo martes, que luego se suspendió, para no afectar negativamente la candidatura.
Las “áreas críticas” o “nudos” se centran en educación, Constitución, energía y trabajo, siendo al parecer este último el más complejo, pues las propuestas del comando no satisfacen a la CUT, que exige un cambio sustancial en el Código del Trabajo y el regreso a un sistema de reparto, en sustitución de las AFP. En educación, hay grandes discrepancias en cuanto a financiamiento compartido. En energía, el coordinador Eduardo Bitran (PPD) informa sobre divergentes visiones en cuanto a la creación de una empresa estatal de energía.
La candidata Bachelet deberá zanjar todas estas diferencias y asumir la responsabilidad consiguiente. Pero aún no se fija una fecha para la entrega a la ciudadanía de la propuesta final, y las respuestas de la abanderada sobre temas tan determinantes como la reelección presidencial siguen siendo muy generales: “Tiene que ser una discusión de la gente en torno a lo que la gente cree que sería el mejor”.
Esta indefinición y dispersión programática mueven a aprensiones sobre lo que podría ser la efectiva gobernabilidad —y el peso relativo de cada partido— bajo un eventual segundo gobierno suyo.
En contraste, esta semana se entregó el programa completo de la candidatura Matthei —elaborado en apenas 45 días—, que no ha suscitado discrepancias en la Alianza. Notoriamente, hay concordancia de ideas entre sus partidos, y los problemas de la coalición tienen otros orígenes —en la última quincena, su relación con el Gobierno fue uno explícito—, mas no surgen de sí misma por factores importantes, sino por personalismos.
Nuevos errores
Difícilmente podrá buena parte de su electorado comprender (y aprobar) los pasos dados por La Moneda respecto de su decisión de cerrar el Penal Cordillera, que culminó con el suicidio del general (r) Odlanier Mena. Con ella, en lo político —más allá de otros juicios posibles—, el Gobierno logró continuar el excepcional clima de tensión creado por la conmemoración de los 40 años del 11 de septiembre de 1973, precisamente cuando él mostraba señales de comenzar a amainar. Inevitablemente, el Ejecutivo aparece como responsable de este infausto caso. En su inicio, él fue detonado por las insólitas entrevistas por TV que Gendarmería —órgano del Ejecutivo— autorizó al general (r) Manuel Contreras, algo que un elemental buen criterio desaconsejaba, como lo hizo la propia jefa de comunicaciones de dicho servicio, lo que, por paradoja, le significó ser destituida.
En medio del revuelo por tales sucesos, el Gobierno dispuso un operativo de traslado de los reclusos a otro penal, con amplia cobertura mediática, mientras los funerales de Mena daban lugar a natural efervescencia adicional.
Personeros gubernamentales han aducido que con todo esto se ha hecho valer el principio de igualdad, pero los gobiernos de los presidentes Lagos y Bachelet, con mejor criterio técnico, dieron curso al establecimiento de estos recintos penales especiales, velando por el principio de segregación carcelaria, aceptado en el mundo y en Chile con miras a resguardar a determinados sentenciados de agresiones de otros reclusos. Por lo demás, virtualmente en todo el mundo democrático existen cárceles especiales para ex militares.
Entretanto, el ministro de Defensa, abandonando su delicado rol sectorial, formuló en torno a esto declaraciones políticas que habrían sido propias de su anterior cargo en Interior, pero ahora solo ahondan la irritación de los partidos de la Alianza, ya atizada por declaraciones previas del Mandatario en torno al gobierno militar. ? Y, en una nota pueril, la Presidencia permitió que trascendiera una encuesta según la cual el 80% aprobaría el cierre del referido penal.
Todo esto evidencia que la asesoría política al Mandatario flaquea una vez más. No refuerza una imagen de estadista que aparezca guiándose por encuestas, en vez de atenerse a principios y poner el énfasis en las obras que entregue al país. En esta administración ellas han sido muchas y muy valiosas, pero resultan difuminadas por episodio tras episodio de creación propia que las relega a injusta indiferencia.
Lo aquí ocurrido contribuye a divisiones en su sector, pues su ánimo de marcar una tajante división entre una “derecha antigua” y una “derecha nueva” no interpreta la realidad de la Alianza. El senador Novoa (UDI) ha resumido ese malestar diciendo que “es ingenuo e injusto sostener que solo un sector tiene que renegar de su pasado”.
Además, sitúa en incómoda posición a su candidata, en vez de permitirle concentrar toda su energía en esta etapa decisiva de la campaña, para situarse cuanto antes en la votación histórica del sector —en torno al 40%—, y desde allí disputar la Presidencia en condiciones competitivas. Cada palabra y medida de los personeros de Gobierno debiera ceñirse a esta obviedad, pero no es lo que se observa.
Frente a este cuadro es explícita la complacencia de la izquierda, pero parece impensable que sus elogios al Presidente por esta causa pudieran traducirse en apoyos para una eventual proyección política ulterior en 2017, interpretación generalizadamente extendida. En cambio, resulta más plausible que la figura y la gestión de Piñera sean juzgadas a luz de la votación que obtenga la candidata que encarna el ideario que a él le permitió ser elegido.