¿Cómo explicar que un Presidente de derecha (Piñera) haya sido más riguroso con los violadores de los derechos humanos que uno de izquierda (Lagos)? ¿Qué uno haya decidido crear el Penal Cordillera y el otro cerrarlo?

Una explicación parece posible.

En política, podría argüirse, las decisiones no se ejecutan en el vacío, sino en un contexto. La bondad o maldad de una decisión política no depende de sus características intrínsecas, sino de sus consecuencias probables. Una decisión que en determinadas circunstancias es renuncia, en otras puede ser prudencia. Encerrar a criminales en una cárcel simulada parece renuncia; pero si es el precio que ha de pagarse para asegurar la democracia, equivale a prudencia.

Ninguna ética -podría concluirse, citando a Weber- debe prescindir del hecho que para obtener fines buenos es a veces necesario usar medios moralmente dudosos.

¿Es aceptable ese argumento?

Dos circunstancias aconsejan rechazarlo. Desde luego, no es plausible que en septiembre de 2004 (fecha en que el penal fue creado) la democracia chilena estuviera amenazada por una asonada militar. Tampoco es razonable apelar al contexto. ¿No es acaso ese -el contexto- el mismo argumento que esgrimen quienes exculpan los crímenes cometidos luego del golpe?

En cambio, parece más plausible pensar que el penal fue el resultado de un toma y daca entre el Gobierno y el general Cheyre, el comandante en jefe de entonces. Y eso explicaría que dos meses después, en noviembre, se publicara el documento "Ejército de Chile: el fin de una visión", en el que el Ejército asume su responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos. El comandante en jefe podía así mostrarse, a la vez, severo con los crímenes; pero compasivo con los criminales.

De ser así -es lo más probable- el Penal Cordillera no habría sido el fruto de una tensión ética en el manejo del Estado, sino apenas el resultado de un mero cálculo de consecuencias. En la vida de los Estados este tipo de juegos de toma y daca son frecuentes. Frecuentes, es cierto; pero, la verdad sea dicha, no siempre muy atractivos.

La situación de Piñera, en cambio, parece estar más cerca de una verdadera tensión ética. Una tensión ética se configura cuando es necesario escoger entre dos principios que, cualquier observador imparcial, consideraría a primera vista valiosos. En este caso, elegir entre ser fiel con quienes lo llevaron a la Presidencia o evitar privilegios injustificados que hieren la dignidad de la República.

Sebastián Piñera estaba en medio de esos dos principios.

Accedió al poder con el apoyo explícito de los ex militares, con quienes se reunió más de una vez, y entre sus fuerzas políticas de apoyo, la UDI y RN, hay ex funcionarios de Pinochet, partidarios hasta hace poco entusiastas de la dictadura, personas prontas a relativizar los crímenes. En suma, partidarios suyos que merecían un trato recíproco.

Pero, a la vez, Piñera supo que el privilegio del que gozaban Contreras y los otros carecía de toda justificación, dañaba la dignidad de la ley y, por esa vía, la integridad de las instituciones.

¿A cuál obedecer?

Guardando las infinitas distancias se trató de una tensión similar a la que vivió Suárez cuando legalizó el Partido Comunista, defraudando la promesa que había hecho a los militares; o a la que afrontó De Gaulle cuando puso fin a la guerra con Argelia, abandonando a sus viejos camaradas que, hasta el final, lo creyeron de su lado.

Dicho de otro modo, Piñera tuvo que escoger entre honrar su palabra (retribuir el apoyo de la derecha pinochetista) sacrificando la dignidad de las instituciones (manteniendo el Penal Cordillera) o salvar la dignidad de las instituciones (cerrar el penal) sacrificando el contrato tácito que mediaba entre él y parte de la derecha.

Piñera optó por lo último.

Así, en la hora nona fue capaz de demostrar que los tics, las enumeraciones, los chistes insustanciales y el anhelo de agradar, escondían, después de todo, una alarma moral y una voluntad que estaba decidida a oírla.