La democracia en Chile debe ser valorada por una cuestión de principios, y porque ha mejorado al país y la vida de los chilenos. Nuestros avances sociales son reconocidos en el mundo, se cumplieron las metas del milenio, la pobreza se ha reducido y el progreso en nuestras ciudades e infraestructuras es evidente.

Hay crecimiento, pero subsiste una desigualdad que refleja una injusticia que afecta los derechos de las personas y la cohesión social. Además falta mucho en salud, educación y seguridad ciudadana.

Un desarrollo humano y ambiental sustentable es ineludible. Nuestra estructura institucional, por herencia del pasado y por las nuevas necesidades, requiere de cambios e innovaciones relevantes.

Nuestra economía reclama más innovación, productividad, diversidad exportadora, competitividad, y disponibilidad energética.

El país está culminando una etapa y requiere construir una nueva. Esto supone una gran capacidad de creación política y programática, que asuma las demandas, las ponga en contexto, cultive el aporte de la intelectualidad y que con inteligencia y capacidad política logre consensos, acuerdos y mayorías para desarrollarlas. Es indispensable que esta creación sea nuestra. Como fue nuestra transición, en que tuvimos presentes otras experiencias, pero donde fuimos capaces de dotarla de contenidos y definiciones que fueron acogidos como valiosos por otras naciones.

Aquí no se pretende abordar lo programático, sino que a partir de nuestra historia y de sus enseñanzas, describir principios y conceptos que son básicos para desarrollar esta nueva etapa del país.

En los principios, la valoración de la trilogía libertad, justicia y solidaridad es esencial. Y en el mismo nivel, la decidida promoción y defensa de los DD.HH. en todo tiempo y lugar. De igual modo, la vigencia del concepto de bien común como objetivo de la sociedad, que supera la visión individualista; y que a su vez representa un concepto más claro e integrador de los derechos de las personas, que el denominado interés general o público.

En lo político el respeto al pluralismo, no concebido como la mera tolerancia, sino como el reconocimiento al derecho y al valor de las ideas. El pensamiento contemporáneo, el fracaso de los totalitarismos, del neoliberalismo, del capitalismo salvaje y de los pretenciosos pensamientos únicos ratifican el valor del aporte plural.

Es central el compromiso con la democracia a secas, sin apellidos ni sustantivo previo. La historia nos enseña cómo esos sustantivos y apellidos terminan desfigurando la democracia. Es parte del concepto de democracia su permanente perfeccionamiento y profundización, lo que les otorga una dinámica inclusiva a sus instituciones.

Los escritos del último tiempo demuestran el valor de lo institucional en el logro del desarrollo. A su vez, desde otra perspectiva un destacado personero nos avisa de "la trampa de los países del ingreso medio", en la cual se frustra la posibilidad del desarrollo, sea por desvalorizar los principios indicados, por errores de diagnóstico, voluntarismos o populismo.

La cuestión es: ¿cómo construir esa nueva etapa?, ¿cómo evitar caer en esa trampa y quedarnos estancados?

Para esto se requiere tener claros algunos conceptos que clarifican cómo proceder. Aquí la noción de proceso es algo fundamental. Implica reconocimiento de la existencia de etapas, que aseguran que el proceso sea creciente y constante. Etapas sucesivas y relacionadas entre sí. Esto sitúa la voluntad política, en el contexto de la integración de la ética de la responsabilidad y la ética del testimonio, que tan bien describiera Max Weber.

Una nueva etapa reconoce la existencia de distintos niveles de decisión en la sociedad, fundados en consensos, acuerdos y decisiones de mayoría. Así se recogen el principio de la cooperación, la valorización del diálogo y el derecho de las mayorías.

Los cambios e innovaciones institucionales son una necesidad de la nueva etapa. No es solo el reemplazo del sistema electoral, se requiere la elección democrática del gobierno de las regiones y de las metrópolis, un sistema político semipresidencial, y un Estado que sea subsidiario y solidario a la vez.

El país requiere representar su mayor diversidad y una mejor distribución democrática y territorial del poder.

Sabemos que la gobernabilidad exige la existencia de gobiernos con respaldo mayoritario, lo cual implica articular coaliciones que estén de acuerdo en lo esencial, y en un programa integrador y libre de toda hegemonía. Si esto no se logra, el riesgo es contar con alianzas electorales y de coyuntura, que tienen dificultades para conducir la construcción de futuro.

El marco debe ser un humanismo cívico, donde los ciudadanos estén conscientes de sus derechos y de sus obligaciones. El poder a veces omnímodo de la globalización, los mercados y los Estados debe ser regulado por una democracia fortalecida con la participación efectiva de las personas y sus comunidades.

Pero además se requiere una buena política. Como socialcristiano reivindico a políticos que no rehúyen su tarea, que buscan un futuro, donde su rol está subordinado al bien común y donde la centralidad es la persona humana.

Políticos que dignifican la política y que motivan a comprometerse con ideales expresados comunitariamente. Políticos en serio, que no viven del espectáculo, ni de las encuestas. Que recogen el sentir ciudadano. Políticos austeros, capaces de tomar decisiones, y que valoran la relación entre pensamiento y acción.

Gutenberg Martínez Ocamica
Rector Universidad Miguel de Cervantes y ex diputado