En la mañana de hoy se conocería eventualmente el resultado de las votaciones faltantes de los funcionarios del Registro Civil de regiones, luego que los de la Región Metropolitana aceptaran ayer la última oferta del Gobierno para poner fin al paro que han mantenido desde el 27 de agosto. Este, a todas luces, cobró rasgos inaceptables. Por un lado, los funcionarios fueron rechazando las anteriores sucesivas ofertas del Ministerio de Justicia. En los últimos días cuestionaron los plazos en que se materializarían los beneficios, sin comprender que el Estado se rige por un presupuesto que, si bien permite algunas flexibilidades, debe acomodar ajustes en plazos prudentes. Por otro, ha parecido olvidarse que esta movilización es inconstitucional e ilegal, porque se trata de una repartición pública que no tiene sustitutos y que deja a la ciudadanía inerme frente a la actuación de una parte de la burocracia estatal. ¿Qué sentido tiene, entonces, el estatuto especial que ampara a estos funcionarios y que se traduce en una estabilidad mucho más alta que en el sector privado? Pregunta redobladamente acuciante, pues otros servicios estatales anuncian movilizaciones similares.

Cualquiera sea el pronunciamiento de las asambleas, esta situación exige un cambio profundo. Según la encuesta Casen, los funcionarios públicos tienen remuneraciones por sobre las de trabajadores equivalentes en el sector privado. Dependiendo del nivel de escolaridad, las diferencias pueden ser de hasta 15% en favor de los primeros. En los cargos superiores, que en general son de confianza, esas diferencias desaparecen e incluso se tornan negativas. Es difícil justificar esos premios a los funcionarios públicos, sobre todo si se considera la escasa e imperfecta evaluación a que están sometidos, contrariamente a la situación que experimentan los trabajadores del sector privado. En el caso del Registro Civil, las remuneraciones parecen superar las del promedio del sector público -a pesar de que no son fáciles las comparaciones, porque en él, contrariamente a lo que se cree, no hay un único estatuto de remuneraciones, sino casi 70 regímenes distintos-.

Con el mismo rigor con que los gobiernos deben evitar los abusos de los organismos privados contra los ciudadanos, deben velar por que no los cometan los servicios públicos. Funcionarios y dirigentes del Registro Civil se han extralimitado y lindan con el abuso a la paciencia y derechos de la ciudadanía. En el principio del conflicto pudieron haberse sentado a discutir un acuerdo de largo plazo que acogiera algunos de los puntos planteados por los funcionarios, pues las normas vigentes y los estatutos de remuneraciones tienen rigideces que conviene debatir. Pero esa buena voluntad ha sido arrasada y las confianzas se han roto. A estas alturas, el camino más apropiado parece ser la clausura del diálogo, hacer pública la oferta final del Gobierno y usar todas las herramientas legales disponibles para sancionar este paro con el máximo rigor. El Gobierno debe ser categórico en tomar las decisiones necesarias para restablecer la legalidad y la racionalidad.

Más allá de cómo se resuelva este conflicto, él y muchos otros anteriores dejan importantes lecciones para los futuros gobiernos. La actual institucionalidad del sector público está claramente sobrepasada. Se han tornado habituales los acuerdos poco transparentes con distintas organizaciones del sector público, que usan mecanismos ilegales de presión, sin sujeción al escrutinio de los ciudadanos, que financian la burocracia estatal. Se otorgan beneficios especiales y bonos muy rara vez asociados con mediciones observables de productividad que los justifiquen. Durante el gobierno del ex Presidente Lagos y al comienzo del actual hubo intentos por establecer criterios razonables y dar un marco común al personal de las reparticiones públicas. Pero son esfuerzos muy incipientes y vagos. Se requiere una reforma integral del Estado que cautele apropiadamente los intereses de los ciudadanos, premie los avances en productividad de los servicios públicos y recompense a los funcionarios meritorios. En vez de eso, hoy estamos fortaleciendo a grupos de interés sin compromisos efectivos de buena gestión.