Es frecuente que los grupos dirigentes se enfrasquen en grandes debates sin una mirada amplia del asunto en discusión. Algo de eso ha estado ocurriendo en el último tiempo en Chile a propósito de nuestra elevada desigualdad de ingresos. Es razonable que esta situación preocupe, y que se aspire a implementar políticas que la modifiquen. Respecto de cuáles sean las políticas más eficaces, hay opiniones distintas, porque la evidencia no es tan contundente como para tener plena certeza respecto del camino más apropiado. Por cierto, muchos participantes en este debate plantean argumentos que parecen definitivos, pero eso no significa que lo sean. Las creencias, muchas veces más apoyadas en preferencias particulares o en ideologías que en datos objetivos, hacen olvidar que modificar esta realidad requiere plazos largos y políticas coherentes.

En este debate se mira poco la evidencia, como lo refleja la escasa atención a la evolución de los salarios y del empleo en los últimos años, y al significado que estos cambios tienen para la desigualdad de ingresos en el país. Si se toman como referencia los últimos cinco años -esto es, el período que se inicia antes de la crisis-, los cambios son notables. Por ejemplo, los datos de los cotizantes del sistema previsional comprueban que los ingresos promedio de los trabajadores han crecido 23,9% real en ese lapso. Estos datos son confirmados por la "Encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago", realizada por el Centro de Microdatos de la U. de Chile, que muestran para el mismo período una variación real en los ingresos laborales de 26,6%. Cabe notar, según se desprende de la segunda fuente, que este fenómeno ha ido acompañado de una disminución de las horas trabajadas promedio. De hecho, el ingreso laboral por hora habría crecido, según la Universidad de Chile, en 32,3% en los últimos cinco años. Es un incremento de bienestar significativo.

Simultáneamente se observa un aumento en la ocupación que, según el INE, es de 17,2%, entre mediados de 2008 y mediados de 2013. Esta expansión, aunque de menor magnitud, también se confirma para el Gran Santiago.

Estos antecedentes sugieren que la desigualdad está siendo afectada de dos maneras. Si se verifica la variación en el ingreso nacional en un período similar, se comprueba que este es de menor magnitud que el efecto combinado de empleos e ingresos laborales. Así, en este período la participación del trabajo en ese ingreso ha estado creciendo y, por consiguiente, se ha estado reduciendo la del capital. Pero, al mismo tiempo, en el interior de los ingresos del trabajo se ha producido una menor diferenciación entre los grupos de altos y bajos ingresos. Así, por ejemplo, la mediana salarial de los cotizantes de AFP (es decir, aquel salario que separa a dichos cotizantes en dos grupos de igual tamaño) creció en el mismo período aproximadamente en casi 8 puntos porcentuales más que el promedio de los ingresos laborales -esto es, en 31,5% real-, indicando una compresión de las diferencias de ingresos laborales.

Estos son efectos relevantes, difíciles de obtener con otras políticas económicas. Una política que combine crecimiento económico con otra que promueva el empleo crea un resultado virtuoso. Por cierto, existe espacio para políticas sociales eficaces, pero los últimos cinco años muestran que las primeras pueden tener un enorme impacto, que no necesariamente logrará una combinación de reformas tributarias con políticas sociales garantistas. El principal desafío del país es perseverar en la primera de estas combinaciones, sobre todo porque sabemos que los niveles de empleo, en especial entre mujeres y jóvenes, son aún reducidos. Y esto ocurre especialmente en los sectores de menores ingresos. Es más, nuestros niveles de ocupación están aún muy por debajo de los de la inmensa mayoría de los países de la OCDE.