Estudiantes de liceos emblemáticos de Santiago han protestado contra el anuncio del Consejo de Rectores que apunta a elevar la ponderación del ranking de notas en la admisión a las universidades bajo su tuición. El año pasado se introdujo este indicador muy tímidamente, pero este año varias universidades han incrementado significativamente su valor. Es condenable que su protesta haya derivado en destrozos en la casa central de la U. Católica, donde sesionaba el CRUCh, pero el reclamo es legítimo, porque supone un cambio relevante en las reglas del sistema de admisión para estudiantes que durante gran parte de su educación media estaban regidos por otras normas. Se requería un anuncio con más anticipación. Además, tales cambios deben ser objeto de estudios acabados, públicos y que puedan ser replicados por investigadores independientes. El sistema de admisión chileno es financiado por las familias y el Estado, y la transparencia debiera ser la norma. Pero estas naturales exigencias están aquí ausentes. Ningún país con un buen sistema de admisión permite semejantes cambios en las reglas del juego.

En este debate se ha reconocido que los estudiantes de los liceos emblemáticos podrían ser perjudicados, pero habría -se afirma- un bien mayor en juego. Los rectores se sienten llamados a definirlo, pero lo hacen con evidencia feble. La PSU está correlacionada de modo significativo con el nivel socioeconómico, lo que no ocurre con el ranking, por lo que un mayor peso de este podría ayudar a una mayor diversidad en la admisión. Sin embargo, más que un ranking , es una bonificación de las notas que están por sobre el promedio, y en la práctica termina siendo discriminadora: estudiantes de igual nota, e incluso igual posición relativa en sus colegios, podrían tener una bonificación muy distinta, dependiendo de los promedios de generaciones anteriores, de la suya y de la distribución de las notas.

Esto no hace tan predecible el efecto en equidad de la medida. Su principal impacto, como sugiere un estudio reciente del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la U. de Chile, dice relación con la distribución de estudiantes entre universidades más que con la incorporación de aquellos con menos recursos al sistema. El "bien mayor" invocado no parece tal, y en el corto plazo solo se evidencia el daño a los estudiantes de liceos emblemáticos, particularmente en sus posibilidades de acceso a las universidades más selectivas. Además, cabe preguntarse si la forma en que se bonifican las notas no infringiría la Ley Antidiscriminación.

Además, una mayor ponderación del ranking respecto de la PSU no garantiza mayor equidad. No debe evaluarse solo admisión, sino también desempeño y egreso. Se argumenta que los estudiantes de mejor ranking tendrían mejor desempeño en la educación superior, pero eso se basa en simulaciones con estudiantes que ya fueron aceptados con una alta ponderación de la PSU, por lo que es solo una ilusión estadística. Este cambio es desprolijo.

Con razón, en carta a este diario la ministra de Educación ha hecho ver que el uso de los actuales instrumentos debe ser perfeccionado: urge subsanar las deficiencias graves de la PSU, que mostró la auditoría de 2012 y que ya conocía el CRUCh hace 10 años, por otra auditoría. Además, la presente fórmula de cálculo no origina en rigor un ranking , pues su metodología favorece a aquellos alumnos cuyos planteles tienen un promedio más alto y menor dispersión de notas -empíricamente, los particulares pagados-, con lo que la fórmula del CRUCh perjudica a los liceos públicos. Su ministerio apoya el ranking por equidad, pero propone una fórmula de cálculo que corrige estos problemas. Todos ellos -concluye- derivan de una institucionalidad débil y con conflictos de intereses, y por eso promueve una nueva para el sistema de selección de la educación superior, independiente de las casas de estudio y que vele primordialmente por los intereses de los alumnos.