Algunos sectores cuestionan crecientemente las pruebas nacionales estandarizadas, como el Simce. Crítica curiosa, ya que nuestro país destaca por una alta variabilidad en el desempeño de sus colegios. En parte esto se explica por la alta segregación entre las escuelas (lo que debería enfrentarse con políticas apropiadas de largo aliento), y en parte porque escuelas con un conjunto similar de estudiantes pueden tener diferencias de desempeño que llegan a dos veces la desviación estándar de esas pruebas. Esto es inaceptable y no se da en países con buen desempeño educativo.

Además, existe asimetría en el efecto de las distintas políticas. El fin de la segregación —aunque tenga otros beneficios— no necesariamente elevaría los resultados del país. En cambio, en lo socioeconómico y cultural, reducir la variabilidad en los resultados de escuelas que atienden a niños parecidos puede tener enorme efecto. En este cuadro, pruebas estandarizadas, como el Simce, pueden ser de gran ayuda para ese objetivo. En el incipiente debate se exageran las consecuencias negativas de esta prueba. ? Por ejemplo, tienen mucho de mito las afirmaciones de que los colegios expulsan a los estudiantes de malos desempeños. Las estadísticas del Ministerio de Educación no lo reportan. Los colegios que mejoran muestran un sistemático trabajo integral de las comunidades educativas, más que una concentración excesiva en preparar el test. Eso se observa en incontables investigaciones. Tampoco tiene asidero la crítica de que estos exámenes estigmatizan a los colegios de bajos resultados. Más bien se ha instalado en el país un enfoque que justifica excesivamente los malos resultados. Se argumenta que han aumentado en exceso los Simce, pero lo básico siguen siendo los de 4° y 8° básico y el de 2° medio. Los demás son complementarios y apuntan a necesidades específicas del sistema. A esos tres Simce, por los cambios estructurales en educación básica y media desde 2017 (con 6 años cada una), parece necesario agregar uno de 6° básico.

Esta carga no es muy distinta de la de muchos países. En varios europeos, exámenes de esta naturaleza son poco frecuentes, pero en ellos la dispersión de resultados entre planteles es más reducida, y muchos de ellos tienen exámenes externos para los estudiantes, con grandes consecuencias desde muy temprano. El cuestionamiento parece estar muy ligado a la vigencia de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, que mandata a la Agencia de Calidad ordenar a los establecimientos y, eventualmente, recomendar el cierre de los que no cumplan con estándares mínimos. Se ha cuestionado que el ordenamiento no considere medidas de valor agregado, pero no es eso lo que sancionó la ley. Esta explícitamente dispone que todos los establecimientos deben cumplir ciertos estándares, para promover en ellos una cultura de esfuerzo, ya que el objetivo principal de la educación debe ser el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por cierto, la ley contempla distintos mecanismos de apoyo, y el cierre es solo un resultado indirecto para los que incumplan los estándares después de un período más que razonable.