Este diario ha advertido sobre la impropiedad de que la judicatura incurra en juicios o actos histórico-políticos que constitucionalmente no le competen. Ocurrió así en vísperas del 11 de septiembre, cuando la directiva de la Asociación Nacional de Magistrados procedió a pedir perdón porque el Poder Judicial, y en especial la Corte Suprema, durante la época del gobierno militar, “claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal”. También sostuvo que “el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto”. Por último, los dirigentes emplazaron a la Corte Suprema a “realizar también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado”.

Independientemente de si el sustrato fáctico de estas declaraciones es exactamente el que así se plantea o si, por el contrario, falta situar los sucesos en perspectiva histórica, llamó la atención que la forma del pronunciamiento gremial, reforzada luego por la defensa que de él han hecho sus autores, sea de índole política. La dirigencia gremial de dicha asociación no apela a una responsabilidad jurídica, sino directamente a las responsabilidades políticas de quienes durante el gobierno militar estuvieron investidos de alguna cuota de poder en la judicatura. De allí que, a continuación, la dirigencia decida “asumir” ella misma esa responsabilidad, pidiendo perdón a nombre de quienes no lo han hecho. Este desempeño de un rol político por la dirigencia gremial de una parte de los jueces chilenos es inapropiado. Así lo evidenció el que, a las pocas horas, algunos jueces miembros de la asociación protestaran por no haber sido consultados y manifestaran que tal declaración constituía una forma de politización de la judicatura que consideraban nociva y que, por eso mismo, no los representaba.

Aunque sin detenerse en el fundamental reparo referido, la ulterior declaración pública de la Corte Suprema ha buscado respetar la delgada línea que divide lo institucional de la política contingente. Junto con señalar sin ambages que durante los años del gobierno militar algunos ministros enfrentaron fuertes presiones, suspende el juicio respecto de personas singulares y se centra en los hechos, constatando que los jueces de esa época pudieron investigar mejor y denunciar con mayor energía los atropellos de los que se les ponía en conocimiento. En vez de pedir perdón a nombre de otros o de afirmar una responsabilidad de índole política, el comunicado de la Corte Suprema reconoció oficialmente que tuvieron lugar graves acciones y omisiones, y renovó el compromiso de quienes lo suscriben en cuanto a buscar la verdad y aplicar la justicia en los procesos que aún se encuentran pendientes. En esa misma línea, se adoptaron medidas para que los ministros a cargo de causas de derechos humanos puedan dedicarse a ellas con exclusividad.

El carácter más equilibrado del mensaje del máximo tribunal se manifiesta asimismo en el recuerdo que hace de los jueces que, pese a las presiones, fueron ejemplos de fortaleza. Se trata de ejemplos discretos, no vociferantes, que brillan con luz propia y sin pirotecnia. Esta diversidad de planteamientos y estilos parece mostrar que mucho cabe aprender de las antiguas generaciones de jueces. En algunos casos, tal vez los menos, de sus errores; en la mayoría, del esfuerzo callado y cotidiano, pero lleno de fortaleza para hacer cumplir las leyes tal como son.