En Australia, después de seis años en que el laborismo manejó con relativo acierto la bonanza económica, el nuevo líder Tony Abbott -del Partido Liberal- deberá lidiar con una economía que ha ralentizado su crecimiento, a resultas del frenazo en China. Por 22 años, Australia ha gozado de una expansión económica como no la ha tenido casi ningún país desarrollado, básicamente gracias al boom de las exportaciones de materias primas al gigante asiático. Al igual que América Latina, los australianos escaparon de la crisis que afecta a Europa y el resto del mundo desarrollado, pero ahora tendrán que ser creativos para no sufrir una baja demasiado pronunciada.

Abbott, de 55 años, no es un líder típico australiano. Es católico y contrario al aborto, fue seminarista por un corto tiempo, después de estudiar en Oxford, donde practicaba el boxeo. Ha dicho que sus convicciones religiosas no influyen en sus políticas; sin embargo le dio un claro espaldarazo a la familia con su propuesta de un posnatal de seis meses, inédita en Australia.

Además de la disminución del crecimiento, otros dos problemas preocupaban a los australianos y que serían la clave de la victoria de centroderecha. El primero tiene relación con el gran flujo de inmigrantes ilegales que pide asilo. Abbott prometió una política de "parar los botes", en la que la Armada tendrá un papel importante en repatriar las embarcaciones que lleguen a las costas. El segundo era el impuesto al carbón, que aplicó el laborismo y que subió extremadamente las cuentas de electricidad. Productora de carbón, Australia es uno de los mayores contaminantes per cápita del planeta, y el Premier saliente aplicó un impuesto que Abbott prometió eliminar. Aun así, muchos piensan que Abbott debe agradecer a las peleas internas del laborismo por su victoria, pues con ella terminaría uno de los períodos más caóticos de la historia, con tres primeros ministros en tres meses.

Erna Solberg, en Noruega, logró para su Partido Conservador el mejor resultado en 30 años, pero aun así deberá formar una coalición para impulsar sus principales promesas: bajar impuestos y hacer privatizaciones en salud y educación. Solberg se benefició de la caída del laborismo en las encuestas, principalmente por el tema de seguridad. Tras la matanza de Utoya en 2011, en la que murieron 77 jóvenes, se supo que las agencias estatales no manejaron adecuadamente el tema.

Solberg deberá formar una coalición, pero no será fácil, pues sus socios obvios son los del Partido del Progreso (al cual ella perteneció un tiempo), los cuales, con un enfoque populista, quieren gastar libremente la enorme riqueza petrolera e implementar una política dura contra la inmigración. Con la baja en el precio del petróleo, este puede ser un tema delicado.

Grave retroceso de los DD.HH. en Venezuela

Al hacerse efectivo el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los venezolanos han perdido una instancia jurídica fundamental para denunciar la violación de sus derechos básicos, aquellos que no son protegidos por la justicia local, que carece de toda independencia del poder político.

Por años, el gobierno venezolano había venido criticando las actividades de esta Corte, creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, que también instauró la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH). La ha tildado de "brazo del imperio para agredir a Venezuela", de seguir las órdenes del Departamento de Estado y de ser "un instrumento de persecución de los gobiernos progresistas". Quince condenas de la Corte -por violación a la libertad de expresión, por ejecuciones extrajudiciales, malos tratos a detenidos, destituciones irregulares de funcionarios y violación a los derechos políticos, entre otras- han sido probablemente la razón por la que el gobierno "bolivariano" quisiera escabullirse de su jurisdicción. Trece de ellas nunca fueron cumplidas, pero pusieron de manifiesto la rebeldía del régimen bolivariano. Hugo Chávez jamás perdonó a la Corte que, cuando denunció el golpe de 2002 en su contra, esta no lo defendiera como él esperaba.

La salida de Venezuela de la Corte es un retroceso de los derechos humanos en ese país, al mismo tiempo que debilita a la CIDH, pues, para garantizar la protección de los derechos humanos, es vital que todos los países de la región sean partes de ella. La Comisión recibe e investiga denuncias y luego, de acuerdo con su mérito, las envía a la Corte. Se ha criticado, y con razón, que Estados Unidos, siendo signatario de la Convención, no la haya ratificado, pues su ausencia da pie para las duras críticas que Venezuela y sus aliados han hecho al sistema.

Si bien Venezuela no podrá ser condenada por un fallo de la Corte, y sus nacionales no podrán recurrir a ella para denunciar hechos posteriores al 10 de septiembre recién pasado, el gobierno no estará libre de ser evaluado por la Comisión, que podrá evacuar informes sobre el estado de los derechos humanos en ese país. Aunque estos pronunciamientos no tendrán carácter vinculante sino simplemente informativo, dejarán en evidencia las transgresiones o violaciones de los derechos humanos en ese país.

El ejemplo venezolano podría inducir a que naciones como Ecuador, Nicaragua o Bolivia -que han protagonizado una campaña tenaz en contra de estos organismos, especialmente contra la Relatoría de Libertad de Expresión- adopten una decisión similar, impidiendo con ello el seguimiento de los derechos humanos en países que, precisamente, han sido señalados por sus constantes embates a las libertades.