Una fuerte polémica ha desatado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, al acusar a los anestesiólogos de formar sociedades que cobran por sus servicios más caro que lo que cobraban como médicos de los hospitales públicos. "Son una vergüenza para la profesión médica", afirmó, calificando esto como un escándalo. Los aludidos -que presentaron un recurso de protección (no acogido por la Corte) y estudian una querella por injurias contra el ministro- replican que es un modelo de negocios que busca eludir las bajas remuneraciones, los equipos inadecuados y la excesiva carga de trabajo en los centros estatales.

La escasez de médicos especialistas en Chile se ha convertido ya en un problema que afecta gravemente a ciertas regiones. Si hasta 2010 faltaban 223 médicos anestesiólogos, hoy la cifra es cercana a 400. Por eso sostuvo el ministro que tendría que recurrir a médicos argentinos, pues las cirugías no pueden suspenderse ni tampoco realizarse sin anestesistas. Pero aunque tales planes siempre han estado subyacentes, no constituyen una solución realista, en parte porque no existen países en que sobren médicos especializados, y en parte porque no es fácil conseguir que, con los sueldos y las condiciones imperantes en la salud estatal chilena, pueda atraerse a muchos profesionales extranjeros.

Los debates en salud en Chile adquieren rápidamente un carácter alejado de las soluciones posibles y se transforman en un conjunto de ideas sueltas sin un plan coherente. Eso solo ocasiona más desorden, como ha quedado de manifiesto con el caso de los médicos que logran especializarse gracias a becas proporcionadas por el Estado, que se otorgan con la condición de volver a residir a determinadas regiones, requisito que no siempre se cumple; ahora se anuncia que se adoptarán medidas con el Consejo de Defensa del Estado para asegurar su cumplimiento. Algo similar podría afirmarse respecto de los planes para traer médicos argentinos, mencionados por el ministro sin examinar los requisitos legales de rendir pruebas ni la falta de interés de esos profesionales.

La situación parece no preocupar demasiado a las autoridades sectoriales, pero sí a la opinión pública, que ha visto cómo diversas iniciativas no resuelven sus problemas cotidianos. Hace un año se hizo gran caudal del riesgo de una epidemia de meningitis, lo que movió a destinar recursos extraordinarios a una campaña de inmunización. Se gastaron cerca de 60 millones de dólares en vacunar a los niños menores de todo el país, pero no se ha producido un aumento en el número de casos. Es perfectamente posible que la vacunación, que ha duplicado el costo del programa nacional de inmunizaciones, no haya tenido mayor impacto en la salud de la población.

Todo aconseja que se definan políticas mejor fundadas, sostenibles en el tiempo hasta resolver los problemas, sean ellos la escasez de especialistas, su distribución o las campañas de prevención de enfermedades.