Según un reciente informe de la Contraloría, en la municipalidad de Nogales (V Región) se habrían producido desfalcos por 1.300 millones de pesos, con malos manejos de efectivo, pagos de favores políticos, sueldos injustificados e indebidos descuentos por planilla a los trabajadores. En una de las 21 conclusiones de aquel se registra, por ejemplo, la existencia de cheques extendidos a nombre del propio alcalde, de los cuales 25 millones carecen de justificación y respaldo legal. Se remitieron los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público para determinar las responsabilidades civiles y penales de los involucrados.

El caso de Nogales es decidor: se trata de una comuna pequeña, pero los montos involucrados en irregularidades son cuantiosos, pues una proporción sustancial de sus fondos locales habría sido presuntamente distraída para efectos ilegales.

Por desgracia no es algo aislado, sino una realidad frecuente. En demasiadas comunas se han conocido irregularidades en los últimos años, evidenciando la precariedad institucional de los municipios chilenos. Por ejemplo, hace muy pocos días la justicia declaró culpable de fraude al fisco y cohecho al ex alcalde de Hualpén (VIII Región) y a otros cuatro funcionarios municipales, tras un juicio por delitos de corrupción pública. En 2006, el alcalde de Coquimbo fue condenado a inhabilidad perpetua para ejercer el cargo, tras ser declarado culpable de fraude al fisco. En 2008, el alcalde de Antofagasta fue destituido por el uso de 30 millones de pesos para contratar irregularmente asesores municipales durante 2003 y 2004; el tribunal también lo inhabilitó. En 2012, el alcalde de Arica fue suspendido y no alcanzó a terminar su período tras ser enjuiciado, junto a otras 17 personas, por asociación ilícita, corrupción, lavado de activos, fraude al fisco, tres delitos de cohecho activo, nombramiento ilegal y exacción ilegal; la fiscalía pidió 36 años de cárcel para dicho alcalde. Esta sucesión de anomalías abre la inevitable pregunta sobre cuántas otras situaciones como esta, y por montos quizá mayores en comunas más pudientes, pudieren haberse dado o estarse dando, sin ser conocidas.

Casos como los mencionados muestran que, ex post , la institucionalidad contralora funciona. Pero eso no es suficiente. Resulta obvio que se requieren reformas profundas en la administración municipal misma para aumentar la transparencia y reducir los riesgos de corrupción. Las amplias atribuciones de los alcaldes, por ejemplo, no encuentran contrapeso en la débil capacidad fiscalizadora de los concejales. Tampoco la comunidad misma tiene vías para exigir responsabilidades, más allá de votar cada cuatro años.

Fuera del período electoral, este tema no es de interés de la clase política. Debería serlo, sin embargo. En otro tiempo, cuando el gobierno central podía atender más o menos básicamente a las necesidades comunales -dados entonces niveles menores de demografía, desarrollo, expectativas y exigencias de la ciudadanía-, tal vez el daño directo a la población local por estas repudiables irregularidades era comparativamente menor. Hoy, el cuadro es muy distinto. Las municipalidades han adquirido un estatus crecientemente importante en el sistema político nacional, y para un sector relevante de la población muchas veces pasan a ser más determinantes que el Estado central. Irregularidades municipales se traducen necesariamente en menores y peores servicios para la comunidad, no mejoramiento de su calidad de vida, natural descontento y desprestigio tanto de los partidos a que pertenecen los responsables como del sistema democrático.