Señor Director:
En su obsesión inquisidora, una vez más
Carlos Peña condena la figura de Jaime Guzmán por haber apoyado la intervención militar y luego haber colaborado con el gobierno de las Fuerzas Armadas. Para el columnista, basta con ello para condenarlo moralmente. Sin embargo, desestima y confunde la justificación de las causas que originaron el gobierno militar (la grave crisis social y la sistemática infracción del orden constitucional y legal del gobierno de la UP) con el apoyo a violaciones a los DD.HH. A estas alturas, es de sentido común que la intervención militar era inevitable, porque la ideología marxista había llevado al país a una crisis insostenible y a la ilegitimidad del gobierno que pretendía imponerla.
Además, desconoce que la colaboración de Jaime Guzmán perseguía el retorno a la democracia a partir del respeto de un marco institucional, y por eso su labor fue precisamente crear las condiciones para que eso fuera posible, con el objetivo, entre otros, de evitar más atropellos a los derechos humanos ("El Mercurio", Santiago, 10 de marzo de 1991). Es de público conocimiento que Guzmán no solo ayudó a personas para evitar que sufriesen abusos, sino que además se declaraba -por principio- contrario a toda violación a los derechos humanos. Evitar que siguiesen ocurriendo es lo que lo llevó a preocuparse de que el régimen terminara en democracia (Documento de Trabajo Nº 82, CEP, Santiago, abril de 1987).
Peña pretende situar un imaginario de buenos y malos a 40 años del quiebre institucional con afanes políticos -disfrazados de moralidad- que solo vuelven a dividir a la sociedad chilena y no permiten comprender en su real dimensión lo ocurrido en el país. Lo paradójico es que en su intento utiliza a Jaime Guzmán, quien fue víctima de quienes defienden la misma ideología que llevó al país a dicho quiebre, pero que, curiosamente, el columnista no juzga.
Claudio Arqueros V.Fundación Jaime Guzmán