El próximo 40° aniversario de la intervención militar ha reabierto el debate nacional sobre el significado de ese día para el país. Se escudriñan los antecedentes que llevaron a que ella ocurriese, las consecuencias que luego tuvo en la convivencia nacional, y el estado de sanación o de permanencia de esa herida en el alma nacional. En cierto modo, la mayor distancia que 40 años confieren al análisis de lo sucedido comienza a permitir, quizás por primera vez, una mirada más balanceada a todo ese proceso. Sin embargo, subsiste una sensibilidad emocional y vivencial respecto de un evento que, aunque se simboliza en un día, representa a un período más largo, probablemente tanto como las vidas de quienes lo analizan.

La mirada de quienes ya habían nacido en esa fecha sigue cargada por la pugna política que tuvo como desenlace el 11 de septiembre y, por lo tanto, no les resulta fácil desdoblarse y ser, por una parte, analistas serenos de los hechos y, por otra, protagonistas emocionales de sus manifestaciones más extremas. Y una porción sustancial de la actual población no había nacido el 11 de septiembre de 1973 y, por tanto, sus vivencias personales son solo respecto de los efectos de la trayectoria histórico-política desde entonces, pero aun así, se siente protagonista de esas repercusiones.

Esa dificultad ha impedido una mirada común sobre la violencia que forma parte de esa historia, en especial respecto de la forma moralmente más condenable que ella tomó, cuales fueron las violaciones a los derechos humanos por entes estatales. Muchos de quienes apoyaron el golpe de Estado sintieron que el proceso de reconstrucción del país que entonces comenzaba era un esfuerzo noble al que había que sumarse, y eso en muchos casos les impidió aquilatar con claridad los excesos inaceptables que se ocultaban bajo aquel, pero que la perseverancia de las víctimas, de los gobiernos posteriores y de la justicia han ido develando. Ese es el sentido del perdón del senador Larraín la semana pasada, del ministro Chadwick en su momento, o de Joaquín Lavín hace algunos años, o el claro entendimiento que sobre esta materia observó siempre, por ejemplo, un periodista e historiador tan connotado como Gonzalo Vial.

El no distinguir entre el golpe de Estado -que apoyaron las fuerzas políticas que en ese momento eran mayoría- y el posterior gobierno militar, con sus luces reconstructoras y sus sombras destructoras, ha mantenido emociones desencontradas entre ambos bandos. Por eso, a ambos lados del espectro político, a muchos les ha sido más fácil sostener posiciones irreductibles al respecto, basándose en no hacer esa distinción y eligiendo selectivamente lo que a cada bando le parecía apropiado de esos dos conceptos. Una mirada histórica más pausada habrá de ponderar con más detalle lo realmente ocurrido.

De ahí que resulte tan importante el testimonio entregado a este diario por Óscar Guillermo Garretón, una figura política mayor de la UP. Él afirma que "las víctimas son culpa de la dictadura, si bien la violencia fue culpa de todos". Y extrae de ese pasado cuatro lecciones para no olvidar en el futuro: la democracia debe respetarse sin apellidos -ni "burguesa" y, por ende, desechable, como la veía la izquierda, ni "protegida" y, por ende, no verdadera, como la quisieron redefinir los partidarios del gobierno militar-. Los cambios importantes solo deben hacerse con el apoyo de las mayorías, sin intentar forzarlos contra la voluntad de la población. La economía importa, pues si ella no genera la riqueza necesaria, no hay proceso político que lo resista. Y, finalmente, que el terreno de las armas es de los "armados" y nunca de los pueblos.

Nuestro país comienza a dar una mirada más histórica al 11 de septiembre, algo más objetiva y compartida, y aunque subsisten visiones diferentes que el proceso político no ha sido capaz de superar -aparentemente, habrá un acto oficial y uno de oposición para recordar este 11 de septiembre-, ese camino parece por fin comenzar a converger poco a poco, luego de muchos años de porfiados desencuentros argumentales.