Después de casi cinco décadas, la evaluación de la reforma agraria sigue siendo motivo de áspero debate. Eso se explica en parte porque fue una política que dividió al país, pero también porque los actores de esa época o sus descendientes esgrimen para justificarla tres diversas razones, válidas según ellos en el Chile de fines de los años 60, con la DC, e inicios de los 70, con la Unidad Popular: mejorar la productividad y, por ende, la producción agrícola; atenuar la desigualdad de ingresos, y neutralizar a un sector político o "grupo de poder e influencia" que constituía un obstáculo a la "democratización" del país.

Este último grupo de razones fue promovido habitualmente por orientaciones políticas que no lograron apoyo ciudadano suficiente para avanzar sus propuestas y que, en vez de reconocerlo, buscaron responsabilidades en otro lugar. Tales miradas terminaron constituyéndose finalmente en amenazas a la libertad individual: en aras de un supuesto bien superior muy difuso, se restringieron severamente los derechos individuales, afectando de modo impredecible la convivencia, sobre todo porque se amenazaron modos de vida muy apreciados. El argumento de que en torno al campo se articulaba un grupo de poder que obstaculizaba la democracia no tiene sustento. Tampoco se sostiene el que hubiese escasa preocupación por la producción agrícola. La evidencia es contundente en cuanto a que, a resultas de la maraña arancelaria de esa época y de las barreras no arancelarias, el sector agrícola era uno de los más desprotegidos en esos años. Por ejemplo, mientras el sector textil en 1967 tenía una tasa de protección efectiva de casi 500%, la agricultura tenía una tasa negativa.

La expropiación del período 1965-1973 se concentró en los predios agrícolas de más de 80 hectáreas de riego básico, que representaban casi el 3% de las explotaciones y el 55% del total de hectáreas definidas de esta manera. (datos basados en el Censo Agropecuario de 1965). En 1973 esas explotaciones se habían terminado, indicando la profundidad de la reforma. Esta, además, fue mucho más allá de la legislación aprobada: se expropió 23% más de las aproximadamente 4.800 explotaciones que se justificaban en el marco de la ley. Y todas esas redistribuciones de la tierra tuvieron nulo impacto en productividad y producción. El período 1970-1973 muestra un deterioro importante en todas las cifras agropecuarias que es ampliamente reconocido. Pero incluso el período anterior (1965-1970), contrariamente a lo que a veces se aduce, muestra cifras muy pobres. Por ejemplo, la participación del valor agregado de la agricultura en la producción nacional cayó levemente entre 1965 y 1970. Tampoco hubo aumento en la productividad agrícola. En el caso del trigo, medida por quintales por hectárea, ella se mantuvo y disminuyó la superficie sembrada. En los demás cereales, salvo el arroz, la productividad cayó. Los antecedentes disponibles hacen, pues, imposible sostener que la reforma agraria haya sido exitosa desde el punto de vista de la productividad y la producción agrícolas.

El excelente pie de la agricultura en las últimas décadas tiene otras causas, siendo la apertura comercial la más fundamental, porque ella modificó la situación de desprotección efectiva en que se encontraba este sector económico.

La reforma agraria tampoco propició una mejor distribución de la renta. Es más, mientras se llevaba adelante este proceso, la desigualdad de ingresos iba en aumento. Por cierto, ello no puede atribuirse a tal reforma, pero sí refleja la equivocada visión al respecto. En esos años comenzó a evidenciarse un fenómeno que ha afectado a todo el mundo, relativo a los enormes premios al trabajo calificado y al capital humano que han traído consigo los avances tecnológicos. En Chile, ese premio es especialmente fuerte, como consecuencia del escaso capital humano disponible. El efecto de la distribución de la tierra sobre la desigualdad de ingresos estaba claramente exagerado, y no sorprende, pues, que no haya tenido incidencia sobre ella. Por tanto, la reforma agraria fue un fracaso, originado en un excesivo ideologismo sin apego a la evidencia, indispensable para llevar adelante políticas exitosas, y, además, el torrente de odios desatado en la aplicación de ese proceso coadyuvó al conflicto político entonces insolucionable en la democracia chilena.