Hace 100 años, Chile tuvo la oportunidad de llegar a ser un país desarrollado, pero malas políticas y falta de visión frustraron dicha posibilidad. Hoy el país, nuevamente, puede alcanzar dicha meta; sin embargo, y al igual que entonces, surgen tensiones y críticas que pueden hacernos fracasar en esa tarea.

Enfrentamos una ola de cuestionamientos, de pasión y aun de rencor que no reconoce nada de lo avanzado en materia de estabilidad democrática, respeto a los Derechos Humanos, reducción de la pobreza, mejoras en la vivienda, educación, salud, medio ambiente, etcétera.

No se dan cuenta de que si hoy es posible aspirar a una mayor igualdad, es porque la pobreza está bajo el 15%; que si es necesario mejorar la educación, y en especial la "pública y gratuita", es porque hemos llegado a un 100% de cobertura en la educación básica y media, y a más del 30% en la educación superior.

Al igual que en el resto del mundo (España, Francia, Reino Unido, Brasil), existen hoy interesantes movimientos sociales, fundamentalmente de clase media, que manifiestan su descontento y demandas aspiracionales. Es deber de la política y los políticos escuchar estas voces y encauzarlas para darles una adecuada solución. Sin embargo, hay un factor disruptivo que puede disociar gravemente nuestra convivencia. Estamos creando una sociedad de derechos sin considerar que ser parte de ella implica también obligaciones.

Para muchos líderes de los movimientos sociales, para gran parte de nuestra población y, lamentablemente, para no pocos políticos de todo su espectro, pareciera que el concepto de ciudadano implica derechos, pero no deberes ni compromisos.

Una de las fallas de contenido más graves de nuestra educación es no haber repuesto a partir de 1990 la enseñanza obligatoria de Educación Cívica y Economía en la Educación Media. El joven de hoy no sabe lo que es el Estado, el ser ciudadano, las funciones de los poderes públicos, etcétera. ¡Cómo queremos tener jóvenes ciudadanos responsables si no se les enseña su significado!

Hoy muchos claman por una nueva Constitución Política y ponen más énfasis en el procedimiento para generarla: "por las buenas o por las malas", que en su contenido, y peligrosamente aspiran a una Constitución "sin trampa, en que ganar sea ganar y perder sea perder".

¡Qué locura querer borrar de una plumada el largo camino recorrido para lograr estabilidad democrática! En ningún país desarrollado con larga y respetable tradición democrática el ganar por un voto es "llevarse la pelota para la casa" e imponer su modelo de institucionalidad y sociedad al resto.

Comparto que es necesario revisar la amplitud de los quórums calificados que exige nuestra actual Constitución, acotando tanto las materias como el número de votos para ello. Pero sistemas similares existen y han sido pilares de su institucionalidad en Holanda, Bélgica, Suiza, Austria, etcétera. Más aún, el Presidente Obama, quien ganó por amplia mayoría, necesita reunir a 60 senadores para aprobar cualquier ley. Necesita consensos y acuerdos, que son una característica esencial de las democracias modernas.

Argumentar que es necesario reemplazar la actual Constitución para cambiar el sistema binominal es falso, ya que el régimen electoral fue excluido de la nueva Constitución del 2005 a la cual el Presidente Lagos, como ministros de Estado, nos invitó a firmar en su promulgación.

Me parece perfectamente legítimo aspirar a introducirle cambios sea para su modificación o para su sustitución. Pero sería bastante más serio que los actuales candidatos presidenciales explicitaran qué quieren cambiar, qué nuevas normas o sistemas desean incorporar y hacer de estas coincidencias y discrepancias una parte importante del debate presidencial de los próximos meses. Esto es discutir "el qué más que el cómo". Sin duda ello sería más responsable que instalar una asamblea constituyente, en que uno sabe cómo se entra, pero no cómo se sale.

Chile, para alcanzar su desarrollo, necesita una sociedad más cohesionada, superar la pobreza, ser más inclusivo y con menos discriminación, pero avanzar en ello no se va a lograr partiendo de cero.

Hay otro tema que nuestra institucionalidad debe resolver: No es posible que los jueces en nuestro país sean los que fijan las políticas ambientales y de energía. Y no porque ellos así lo deseen, sino porque la falta de consensos y leyes y normas claras hacen del recurso de protección un instrumento privilegiado para acceder más rápidamente a una decisión judicial. Esta no es una falla de los tribunales, sino del Poder Ejecutivo y Legislativo.

Estas materias requieren de normas claras que traduzcan grandes acuerdos de país, pero ello se obtendrá solo bajo un claro y firme liderazgo presidencial y la voluntad de la clase política de no retroceder a lo vivido durante gran parte del siglo XX, que impidió que Chile alcanzara el desarrollo.

Quiero citar al Papa Francisco cuando en Brasil se dirige al episcopado brasileño: "El sitio de los obispos para estar con su pueblo es triple: o delante para indicar el camino, o en medio para mantenerlo unido y neutralizar los desbandes, o detrás para evitar que alguno se quede rezagado".

¡Cuánta validez tiene este llamado para nuestros políticos del siglo XXI! ¡Ojalá lo apliquen!

Jaime Ravinet
Ex ministro de Estado
Ex alcalde de Santiago