"Aunque muchos afirmen que no se meten en política, la política igual se mete con ellos", dice una antigua máxima. Algo análogo ocurre con la moral y las leyes: aunque los legisladores digan que solo pretenden regular jurídicamente una materia sin proponer valores morales, lo cierto es que -para bien o para mal- las leyes siempre hablan desde un punto de vista moral; ofrecen señales a la población sobre lo que la autoridad considera mejor para el bienestar individual y común.

Cuando se trata de algo políticamente correcto, se reconoce y se utiliza sin ambages esta función de las leyes. Los ejemplos recientes son variados: penalización del femicidio, ley de tolerancia cero al alcohol, ley antitabaquismo. El Senado, en estos mismos días, ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe el uso y la comercialización del hilo curado.

Pero en los temas que han recibido la etiqueta de "progresistas", se pierde de vista esa función y se intenta escindir lo legal de lo moral. Las leyes -se argumenta- no deben imponer una posición moral, sino que, respetando el pluralismo ético, han de conceder un marco neutral de libertad para que sean los individuos los que, de modo autónomo, definan sus estilos de vida y opciones valóricas.

Es lo que ocurre con el debate sobre legalizar la marihuana. Se aduce que si un adulto desea consumirla, debe poder hacerlo, aunque se cause daño a sí mismo; las políticas públicas deberían centrarse en la prevención y la rehabilitación, y no en imponer "paternalistamente" y mediante sanciones el autocuidado de la salud.

Curiosamente las candidatas a la Presidencia Bachelet y Matthei han coincidido en la necesidad de revisar la Ley N° 20.000 y retirar la marihuana de la llamada lista 1 (drogas capaces de causar daños considerables). Las candidatas se han cuidado de adherir a la política legalizadora del Presidente Mujica en Uruguay, pero muchos la ven como un modelo a seguir.

Ese país está a punto de aprobar una ley que permite el cultivo y la comercialización de la cannabis , mediante el establecimiento de una especie de estanco estatal. No obstante, ya antes de que el Senado ratifique el proyecto han surgido voces críticas, incluso de quienes se declaran partidarios de no penalizar la marihuana. Andrés Oppenheimer en este mismo diario, siguiendo las opiniones del ex Presidente uruguayo José María Sanguinetti, escribió que si la ley se aprueba en una "atmósfera de jolgorio" y como señal de permisivismo, terminará por aumentar el número de consumidores. Pero, ¿puede legalizarse la marihuana o rebajarse su calificación de droga dura a droga blanda, sin que se envíe ese mensaje moral a la ciudadanía?

Parecido fenómeno se ha producido en varios países con el aborto. Se parte diciendo que en ciertos "casos límite" la ley no debe sustituir la decisión ética de la mujer; no se trataría de declarar lícito el aborto, sino solo de despenalizarlo. Pero el inevitable lenguaje moral de la ley prescinde de esos tecnicismos academicistas, y lo que se comunica a la sociedad es que resulta correcto que una madre pueda tronchar la vida del niño que gesta. No es raro que pronto ese aborto limitado derive en aborto libre, y que de "hecho no punible" se convierta en "derecho individual", que se expande a otros ámbitos jurídicos diversos del penal. En esas naciones una mujer embarazada que no es informada de que la criatura viene con una malformación puede demandar al médico para que se le indemnicen los perjuicios sufridos por no haber podido abortar y tener que "cargar" con un hijo discapacitado.

Las leyes no pueden eludir el sentido moral que poseen en nuestra cultura; más en Chile donde el legalismo forma parte de la idiosincrasia nacional. Desconocer esa función de la labor legislativa, sobre todo en materias tan vitales como la vida o la salud de las personas, es imponerse una ceguera que la sociedad y sus miembros más vulnerables terminan pagando caro.