Desde que en 1990 el Gobierno anunció que impulsaría toda una nueva política para los descendientes de pueblos originarios -estableciendo una distinción entre el estatus de los chilenos y los que la Ley Indígena de 1993 identificó como mapuches, aimaras, rapanuí, atacameños, quechuas, collas, kawésqar y yámanas-, este diario previno que ese paso, lejos de mejorar la situación de tales grupos, podría crear nuevos y graves problemas que los impulsores de esa política no supieron prever. Ya el solo postular tal división respondía a visiones ideológicas ajenas a nuestra realidad de un mestizaje inextricable durante más de 400 años. Al parecer, se buscaba ponerse a tono con casos de otros países avanzados, sobre bases notoriamente improvisadas, quizá incluso sin advertir el anacrónico sustrato de discriminación étnica que esa normativa envolvía.

Al dejarse de lado la meta de plena asimilación e igualdad, superando los bolsones de extrema pobreza creados por políticas de larga data y derivados precisamente de someter a esos grupos a regímenes de propiedad comunitaria, la situación no ha hecho sino empeorar, hasta llegar a la actual, en que determinadas zonas de La Araucanía y otras regiones se han transformado en escenario de creciente violencia armada, incluso con muertes, además de ingentes pérdidas económicas y parálisis del desarrollo de territorios potencialmente muy ricos.

Entre las presidencias de Aylwin y Piñera, los cinco gobiernos han fracasado en cerrar este peligroso quiebre en la unidad nacional. Por ineficacia, o debilidad, o temor, o sesgo ideológico de todos los órganos públicos, los hechos delictivos -brutales asesinatos incluidos- permanecen en su gran mayoría impunes.

En enero pasado, a raíz del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mac Kay, el Presidente Piñera anunció diversas medidas para reforzar la seguridad en esa región, entre ellas el fortalecimiento de la presencia policial -400 carabineros, un segundo helicóptero, cuatro carros policiales blindados-, e instruyó al general director de Carabineros a mantener el control día y noche, estableciendo incluso una unidad especializada contra el terrorismo y la violencia en la IX Región. Sin embargo, siete meses después, las acciones violentistas continúan sin cambios significativos. El sistema institucional se muestra incapaz de contrarrestar sus acciones: encapuchados incendian inmuebles privados y públicos, campamentos de Conaf y escuelas, atacan a Carabineros y buses, balean a conductores de camiones y queman estos no solo en caminos apartados, sino en plena Ruta 5 Sur -espina dorsal de la conectividad del país, que puede ser atacada e interrumpida cuandoquiera los extremistas lo estimen-. Ante la ineficacia del Estado, los transportistas tratan de organizarse en fórmulas de autoprotección y piden que sus camiones circulen en caravanas protegidas por Carabineros. Con variadas explicaciones, anuncios tales como cámaras de seguridad en dicha ruta y la creación de un seguro para los camioneros no se han concretado. Actos que en cualquier democracia avanzada se considerarían terroristas, son calificados como delitos comunes, lo que en todo caso es poco relevante, porque tampoco son habidos los "pequeños y aislados grupos extremistas" que por dos décadas han sido capaces de hacer frente con éxito a los poderes públicos. Más allá de los sucesivos gobiernos manifiestamente sobrepasados en todas sus dependencias, ni todo el Congreso ni todos los partidos políticos condenan categóricamente estos hechos, y jueces y fiscales no pueden contener los golpes violentistas que se repiten una y otra vez.

El coordinador policial en el área del conflicto, general de Carabineros Carlos Carrasco, designado hace 7 meses, cuestiona la forma como la fiscalía determina qué predios deben tener protección de efectivos policiales, que para ello deben ingresar a una propiedad privada -375 hombres, que equivalen a una comisaría mayor de la Región Metropolitana-, con lo cual se restan de la vía pública, donde serían más beneficiosos. Con todo, estima que un número creciente de presuntos hechores está en prisión preventiva o ha recibido sentencias por sus conductas. Según su evaluación, los hechos masivos han disminuido, pero los "actos relámpago" se han mantenido, y destaca la organización de los atacantes, su agresividad para enfrentarse a los carabineros y su rapidez -no más de cinco minutos-, lo que facilita su fuga. Ha establecido un servicio permanente en las rutas de mayor tránsito, pero hay sectores muy solitarios, que facilitan cualquier acción delictiva. Pese a rumores en contrario, no se han identificado grupos terroristas extranjeros, pero sí llegan permanentemente ONG u otras entidades internacionales para contactar a las comunidades, aunque no se han certificado que den instrucción a grupos extremistas. Realistamente, resume su juicio diciendo: "No creo que lo hayamos hecho bien".

No sería justo aplicar este juicio solo a Carabineros. El Estado de Chile, en su conjunto, está fallando peligrosamente. Cualquiera sea el próximo gobierno, le será exigible que pruebe eficacia allí donde todos sus predecesores han fallado desde 1990.