Más allá de errores específicos que las instituciones involucradas deben aclarar y corregir, en el debate en torno al asesinato de un carabinero por un prófugo desde marzo por incumplimiento de un beneficio intrapenitenciario, con prontuario, algunos han invocado argumentos de intención política, y otros procuran mantener instalada en la opinión pública la errónea idea de que el encarcelamiento es la gran solución a la delincuencia en Chile.

En realidad, nuestro país tiene una alta tasa de encarcelamiento y todo indica que está haciendo uso ineficiente de este recurso. La mera cantidad de personas encarceladas no es indicador de resultados positivos, ya que ello implica delitos cometidos, víctimas y gastos del Estado. El foco debe estar puesto en cuántos delitos se evitan con esas acciones. En materia penitenciaria, subsisten deficiencias en materias de gestión del sistema, de la oferta programática que brinda Gendarmería a la población que atiende y, además, componentes críticos de nuestro sistema se hallan en estado embrionario: recién está en discusión parlamentaria el nuevo Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, y no contamos siquiera con una institucionalidad a cargo de la etapa pospenitenciaria, que podría haber jugado un papel en el caso debatido.

En cuanto a otorgamiento de beneficios, ningún sistema es infalible, pero el Gobierno ha realizado algunos perfeccionamientos y emprendido la implementación de instrumentos de evaluación de riesgo de reincidencia basados en evidencia, indispensables en cualquier servicio penitenciario moderno. Dejar atrás el populismo penal y avanzar por esta vía, ampliando recursos a modernizaciones y programas con base técnica, es la única fórmula realista, y aportar a ella es responsabilidad de todos los actores en posiciones de liderazgo.

Según los estudios disponibles, en Chile la delincuencia ocasiona costos sociales equivalentes a entre 2 y 3% del PIB. De ellos, solo la cuarta parte corresponde a gastos del Estado para prevenir delitos o reaccionar a sus consecuencias, que a su vez equivalen a alrededor de la mitad de lo que, en proporción a su PIB, gastan los países de Europa y EE.UU. Esto no se condice con la prioridad que por décadas los chilenos le asignan a este problema.

Pero los problemas delictivos no se resuelven simplemente con mayores presupuestos. Por ejemplo, se sabe hace largos años que más que la cantidad de policías, lo determinante son las tácticas para evitar delitos que ellos desplieguen día a día en cada zona. Pero un análisis de la composición actual del gasto chileno muestra que a lo más el 10% del presupuesto es asignado a prevención, que en general es más socialmente rentable que la reacción tras delitos ya ocurridos. La Subsecretaría de Prevención del Delito, responsable política en esta materia, tiene un presupuesto algo superior a 30 mil millones de pesos, es decir, prácticamente el 2% del presupuesto de seguridad pública. Es clave, pues, qué línea siga Chile en cuanto a ir aumentando los recursos que supone la Política Nacional de Seguridad Pública que debe liderar el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.