La política de hijo único que rige desde 1979 en China podría ser relajada, según lo expresado por la Comisión de Planificación Familiar de ese país. Actualmente, para tener un segundo hijo, el padre y la madre deben ser hijos únicos. También quedan eximidos de esta política los matrimonios que viven en áreas rurales y cuyo hijo es mujer, así como algunas minorías étnicas. La propuesta en estudio contempla levantar la prohibición de un segundo hijo si uno de los padres es hijo único, y podría entrar en vigor a principios de 2014, y extenderse a todas las familias en 2015.

La política de hijo único, que ha significado millones de abortos y esterilizaciones, ha provocado un envejecimiento de la población que algunos temen irreversible y que, en todo caso, amenaza la competitividad de China. Según su Oficina Nacional de Estadísticas, la población de hasta 14 años es solo el 16,60% (6,29 puntos porcentuales bajo el anterior registro), mientras que las personas de entre 15 y 59 años conforman el segmento mayoritario, con 70,14%. Por primera vez en casi 50 años, en 2012 la fuerza laboral mostró un descenso, con anticipables repercusiones en el consumo. Y mientras hoy hay casi cinco contribuyentes por cada pensionado, esta relación bajará a una de dos a uno. Asimismo, se estima que en 2050 habrá cuatro personas de más de 65 años por cada 10 que tengan entre 15 y 64, algo que podría resultar catastrófico en un país que carece de un sistema de seguridad social fuerte.

En Chile, este tema no se encuentra en la agenda pública, pese a que desde 1960 la tasa de natalidad está en continuo descenso, llegando a 1,8 por mujer, una de las más bajas de América Latina, y por debajo de la tasa de reposición (2,1).

El envejecimiento de la población puede afectar la estructura de gastos del Estado en seguridad social. La Cámara de Comercio de Santiago ha advertido esto, observando que puede "llevar a modelos tributarios con cargas más pesadas sobre la población activa, con el objeto de financiar los gastos de la población pasiva".

Esta transición demográfica a la baja está muy influida por la disminución de los matrimonios, la postergación del embarazo por mujeres que priorizan los estudios y la consolidación laboral, la dificultad para conciliar familia y trabajo, y el alto costo de criar un hijo.

La caída de la tasa de natalidad comenzó a acentuarse en Chile a resultas de las políticas de planificación familiar desde mediados de los años 60. Entonces, EE.UU. veía a Chile como uno de los países que podían encabezar el desarrollo de la anticoncepción, por el buen nivel de su medicina respecto del resto de la región, por lo que el uso de anticonceptivos se masificó en la década de 1970. Posteriormente, el desarrollo económico y la incorporación masiva de la mujer al trabajo, a partir de los años 90, reforzaron esta tendencia a la baja.

El Gobierno ha anunciado medidas para incentivar la natalidad, como el bono al tercer hijo, la ampliación de la cobertura del tratamiento contra la infertilidad, la prolongación del posnatal y el acceso gratuito a las salas cuna y jardines infantiles. Son pasos en la buena dirección, pero que deben ir acompañados de políticas públicas que faciliten la labor de los padres en la crianza de los hijos y en el financiamiento de la misma.