El premio Nobel D. North define a las instituciones como “las restricciones ideadas por los humanos que estructuran la interacción política, social y económica. Ellas consisten tanto de restricciones informales (costumbres, tradiciones y códigos de conducta), como de reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad)”. D. Acemoglu y J. Robinson enfatizan que son las instituciones las que determinan “por qué fracasan las naciones” (el título de su último libro) o por qué son exitosas.

¿Por qué la institucionalidad es clave? Porque las buenas instituciones promueven cuatro objetivos centrales para toda nación: democracia, respeto de derechos humanos, progreso económico e inclusión social. Pero el desarrollo de buenas instituciones también depende de condiciones sociales y políticas favorables. Mejores reglas del juego político, económico y social son más fáciles de adoptar en democracia y en países de mayor desarrollo económico y social.

Una buena institucionalidad —¿qué mejor ejemplo que una buena constitución?— debe lograr un necesario equilibrio entre estabilidad y flexibilidad. Una institucionalidad muy rígida anquilosa a la sociedad e invita a la ruptura por las armas o por la calle. Pero una institucionalidad demasiado flexible o débil es aprovechada por gobiernos populistas que la destruyen en su propio beneficio económico y político (por ejemplo, los sucesivos gobiernos argentinos desde Perón hasta el actual kirchnerismo, incluyendo la dictadura militar).

Chile ha fortalecido por un cuarto de siglo su institucionalidad, enmendando errores históricos y aprendiendo de la buena experiencia mundial. Este esfuerzo transversal recibió hace dos semanas el Premio ICARE a la institucionalidad económica, distinción que fue personificada en los ministros de Hacienda Alejandro Foxley y Felipe Larraín.

Dentro y fuera del ámbito económico, y solo desde el año 2000, el país ha avanzado significativamente en su institucionalidad. Por ejemplo, destaco la Reforma Procesal Penal del 2000, el Sistema de Alta Dirección Pública de 2003, la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2006, el Consejo para la Transparencia en 2008, la Subsecretaría de Prevención del Delito en 2011, el Consejo de Estabilidad Financiera en 2012 y el Consejo Fiscal en 2013.

¿Cómo está Chile en comparación mundial? El índice de desarrollo institucional del FEM refleja la medida más amplia disponible, combinando instituciones económicas y políticas, públicas y privadas. Dado su PIB per cápita, Chile tiene un grado de desarrollo institucional algo mayor que países comparables. Ello es muy bueno, porque nos permitirá crecer más en los próximos años. Respecto de la institucionalidad macroeconómica, Chile está a la vanguardia mundial. En lo microeconómico, hay dos comparadores internacionales que muestran nuestra posición relativa. En cuanto a libertad económica, llegamos en años recientes a los niveles de EE.UU. y Japón. En facilidad para emprender negocios, estamos mucho mejor que las economías emergentes en general, pero nos falta bastante para remover barreras y apoyar el emprendimiento, a fin de garantizar un nivel de facilidad con que se hacen negocios comparable al de países desarrollados.

Ciertamente enfrentamos muchos retos de reformas institucionales para acelerar nuestro paso hacia un desarrollo integral, con una política de mayor calidad y participación ciudadana, hacia una sociedad más inclusiva y menos desigual, con mayor seguridad ciudadana, y donde la gente y las comunidades sean más felices. Las 95 propuestas del Grupo Res Publica Chile (www.95propuestas.cl) incluyen docenas de ideas concretas de avance institucional en política, economía y sectores sociales.

Destaco un hecho esencial: en democracias maduras los cambios institucionales se hacen solo dentro de la institucionalidad. En una sociedad democrática, los cambios son producto del voto ciudadano, que da origen a las mayorías políticas que propugnan dichos cambios, realizados a través del Congreso y del gobierno, y en permanente diálogo con las minorías. Aunque algunos cambios pueden ser motivados por las demandas expresadas en manifestaciones o en “la calle”, estos cambios no pueden responder al “Diktat” de dirigentes de grupos de interés. Consecuentemente, en democracia los cambios constitucionales no pueden ser encargados a una asamblea constituyente u otra instancia extraparlamentaria, sino que deben encauzarse a través del Congreso, postura que en Chile es compartida por los más destacados senadores de izquierda, centro y derecha.

En resumen, Chile ha recorrido un importante camino de fortalecimiento institucional que nos ha permitido crecer en democracia y desarrollo integral. Pero enfrentamos grandes desafíos de mejoras adicionales, que deben realizarse a través de las vías institucionales, aprovechando la rica experiencia mundial en construir sociedades mejores y respetando a quienes piensan distinto en una actitud permanente de amistad cívica.