Señor Director:

Ricardo Salas, con el fino ingenio y agudeza que desde mucho le conozco, abre los fuegos diciendo: es lícito interrumpir temporalmente con viva protesta pro aborto una misa católica, porque se trata de una forma tolerable, al amparo de la Constitución, para ejercer la libre expresión de ideas contra los feligreses reunidos que, desde su credo, condenan o al menos reprochan el aborto. Ello, porque estos últimos afectarían el libre ejercicio de los derechos sexuales de quienes se muestran partidarios del acto abortivo.

Salas intenta crear una colisión entre libertad de culto y libertad de expresión, y esta la superpone a la primera, aunque no nos diga claramente por qué razones y cómo es que los feligreses o creyentes -por el hecho de reunirse en su templo privadamente- coaccionan a los que ingresan al mismo a gritarles que ellos sí quieren ejercer su derecho a abortar, máxime cuando estos últimos -por lógicas de la experiencia- normalmente no son fieles de la parroquia. Otros agregan que los disturbios mayores dentro de los templos deben ser controlados por el Estado y que no puede exigirse a los particulares que protestan esa contención.

Les falta lógica y laicidad a estos planteamientos. No voy a misa más que como invitado a ritos de matrimonio, pero me cuesta imaginar una Guardia Suiza en cada templo, de cada credo y en cada lugar. De la misma forma se dificulta recrear a un cura culto y moderno interrumpiendo un ritual masónico o la junta nacional de los que profesan el derecho al aborto con sus rezos y plegarias.

Al fondo. Ni Salas ni los otros nos han dicho cómo es que los libreexpresivos pro aborto se sienten limitados en su autonomía por reglas y normas que asimismo dicen no profesar. Es rara la hipótesis: es como si un agnóstico se sintiera violentado en su derecho a dudar sobre la existencia divina porque hay un dogma religioso que afirma dicha existencia indubitada. El agnóstico no acepta ni profesa lo que atañe a los creyentes, quienes sí aceptan libremente el dogma, pero igual se siente perturbado, amenazado o quizás hasta privado de ese derecho suyo a dudar porque otros no quieren ejercerlo.

No se entiende la tal colisión de derechos propuesta por Salas, y no se entiende simplemente porque no existe, menos en el caso para el que la propugna, que es el ocurrido en la Catedral de Santiago.

Irrumpir con gritos y vías de hecho en un rito religioso cualquiera, reclamando laicidad y tolerancia, es lo menos laico y tolerante que al menos un liberal y racionalista puede hallar en todo esto.

Juan Carlos Manríquez Rosales
Presidente del Colegio de Abogados de Valparaíso