Los parlamentarios de oposición han recibido un instructivo para dilatar la agenda legislativa. Y lo están practicando hace tiempo. No advierten que la obstrucción los perjudica, y a todos. Desde luego, daña su imagen y la del Congreso. Es impresentable pretender eludir su principal obligación -legislar- y, a la vez, recibir remuneraciones entre las más altas que se pagan en el mundo a los parlamentarios.

Una publicación reciente en The Economist y la información del Congreso Nacional permiten concluir que nuestros honorables están sobrepagados. Lo están en términos absolutos, en relación con la renta per cápita y, posiblemente, con su eficacia legislativa.

Según la citada publicación inglesa, podría sostenerse que son los mejor pagados del universo, seguidos por los de Nigeria. En términos absolutos, superan las dietas de congresistas de las democracias más importantes y de las mayores economías, como EE.UU., Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania y Brasil. En comparación con la renta per cápita de esos países, los nuestros doblan y, en muchos casos, triplican y cuadriplican en sus ingresos a los de sus pares extranjeros.

Más grave que la incongruencia remuneratoria del Congreso es el perjuicio de sus trabas legislativas para el país. Decenas de proyectos de ley para mejorar las legítimas oportunidades de bienestar de la población se encuentran empantanados por años en el Congreso. Proyectos como la creación del Ministerio del Deporte (que solo aprobaron ante la irritación pública, luego de haber intentado detenerlo), la modernización de la Onemi y del Sename y los relativos a la transparencia y probidad administrativa, que no merecen diferencias partidistas, deberían ser aprobados prontamente.

El despacho de muchas iniciativas en trámite facilitaría la gestión del próximo gobierno, cualquiera él sea. Más importante, permitiría contribuir a solucionar urgentes aspiraciones transversales en materias tan cruciales como la seguridad ciudadana y energética, calidad y acceso a la educación y promoción del crecimiento y del empleo.

En cambio, cuando se trata de asuntos políticos de su propio interés, como la franja televisiva obligatoria para las primarias, fácilmente se alcanzan el consenso y la disciplina entre los legisladores, y las leyes se despachan en pocos días.

Las actuaciones entorpecedoras y dilatorias en materia legislativa son incomprensibles para la ciudadanía, desprestigian la institucionalidad y son contraproducentes hasta para los opositores. Sería razonable esperar que la candidata presidencial de la Nueva Mayoría opositora contribuya a destrabar la agenda legislativa y rechace la instrucción obstruccionista.