La comisión externa nombrada por el nuevo director del INE para evaluar los procedimientos, metodologías y resultados del último censo reveló en su informe las graves deficiencias en que se incurrió en el desarrollo de este importante instrumento. Ya se había informado sobre la comisión de errores, pero nunca al grado de que da cuenta este informe: una de sus conclusiones es la conveniencia de repetirlo en 2015, utilizando un cuestionario más breve.

Numerosos errores condujeron a una omisión estimada de la población censada superior al 9%. Típicamente, en los países desarrollados esta omisión no supera el rango de 1,5 a 1,8%. En naciones menos desarrolladas hay experiencias en que esas omisiones han llegado a 5%, aunque con un promedio levemente superior al 3%. La tasa de omisión registrada en Chile es, pues, particularmente elevada.

Explican esta situación, entre otros factores, una escasa preparación; un cambio en la metodología de levantamiento de los datos en mitad del proceso, sin que, por ausencia de un pre-test, se hayan evaluado los eventuales problemas que podrían surgir en la etapa de entrevistas en los hogares, y, en fin, la asignación de recursos insuficientes para una tarea de esta envergadura. A su vez, la metodología empleada para corregir las omisiones no supera ningún estándar técnico y es incorrecta. De la lectura del informe no cabe desprender que estas fallas hayan tenido como objetivo una manipulación o falsificación de la información: son un conjunto de procedimientos mal aplicados, decisiones incorrectas y, en algunos casos, mera incompetencia. Con todo, el informe cuestiona la forma como se comunicaron los resultados y la poca transparencia en ese proceso respecto de las omisiones efectivas.

En tal sentido, es difícil culpar a la autoridad política por este episodio, aunque se le puede reprochar un exceso de confianza en directivos del INE que actuaron muy lejos del profesionalismo esperado en un organismo técnico. Por eso es oportuno y procedente el perdón que pidió el Presidente Piñera a todos los chilenos. Más de 60 millones de dólares se gastaron en este proceso, y la población aspira a que los recursos públicos sean muy bien utilizados. Del mundo político se espera mayor conciencia de la responsabilidad que significa ese traspaso de recursos. El Presidente se ha esforzado por darle a su gobierno un sello especial y personal en esta dimensión, y por eso no extraña que esta situación lo haya afectado particularmente y hasta indignado.

Ahora hay por delante dos desafíos inmediatos. Por una parte, evaluar rápidamente si se sigue la recomendación de la comisión de expertos de realizar un nuevo censo. Las críticas que ella hizo son bien fundadas y, tomadas en su conjunto, respaldan la idea de un nuevo censo, sobre todo porque afectan la calidad de los datos. Con todo, la comisión no se detuvo a analizar en extenso si hay posibilidades de corregir la información obtenida utilizando técnicas estadísticas o censos parciales. Si esto fuese posible, podría seguirse este camino y, además, adelantar el próximo censo algunos años.

Por otra parte, debe fortalecerse técnicamente al INE. La experiencia internacional es al respecto valiosa. Desde luego, en estos organismos importa mucho la experiencia y, por tanto, conviene retener equipos profesionales altamente preparados por tiempos prolongados, y que no cambien con los gobiernos de turno. Hay que recordar que ya hubo problemas con la implementación de la nueva encuesta de empleo en el gobierno anterior, y también el IPC ha presentado problemas. Parece haber cierta falta de capacidades, que difícilmente se crearán si hay cambios continuos en los directivos superiores. Es habitual, además, que estas instituciones cuenten con consejos asesores externos de especialistas que son especialmente útiles en el momento de abordar problemas técnicos complejos. Por último, instituciones como estas requieren recursos suficientes para entregar productos estadísticos de alta calidad, que -no cabe olvidarlo- son fundamentales para el diseño de políticas públicas.