Y ahora Maduro va por el diario El Nacional, uno de los dos principales de Venezuela. No le basta con la "hegemonía mediática" que tiene el gobierno sobre las comunicaciones: parece querer asfixiar, eliminar a la prensa. Si no, ¿cómo se explica que la Fiscalía, muy dócil al poder, haya pedido a los tribunales que le congelen cuenta corriente y bienes al director del periódico, y que, probablemente, haga lo mismo con los de esa empresa?

En otro caso, se arrestó al director de un semanario, por supuesto enriquecimiento ilícito. Más de una vez he defendido la libertad de expresión y de información en sociedades como la venezolana, donde ambos derechos son vulnerados sistemáticamente. La campaña del chavismo contra los medios pisotea los derechos ciudadanos a los cuales dice defender. Hasta ahora los embates más duros fueron contra la televisión. En 2007 se le caducó la licencia al canal RCTV. Este año le tocó a Globovisión, que tras un acoso judicial, con multas millonarias, fue vendida a empresarios afines a Maduro. La radio tampoco ha tenido buena suerte: la mayoría fue comprada por empresarios "bolivarianos" y el resto se autocensura para evitar conflictos. Hasta ahora, la prensa pudo moverse con más independencia gracias a que no depende tanto del avisaje público ni necesita autorizaciones explícitas para circular.

El Nacional, que cumplió 70 años, superó una crisis hace un par de años gracias un exitoso proceso de capitalización. Sus accionistas se jugaron por sacar adelante el diario, enfrentar los embates oficialistas y mantener su independencia. Pero entonces el chavismo hizo una rebuscada maniobra para golpearlo. Este es un "caso sin fundamentos", me dice un cercano al director, Miguel Henrique Otero, y en cualquier caso -agrega- la demanda estaría extinguida, porque el demandante -un ex director del diario que luego fue ministro de Chávez y más tarde huyó a Miami- no presentó documentos que acreditaran la deuda. Aquí entra la Fiscalía y transforma esa causa civil en penal para buscar el origen del dinero prestado, e intenta demostrar que es producto de fraude. A mi parecer, si fuera así, Otero no debería ser formalizado hasta que la fiscal demuestre que efectivamente es dinero mal habido, e incluso entonces tendría que acreditarse que sabía la procedencia y estaba coludido con el ex funcionario. Como se ve, una artimaña para involucrar al prestigioso diario en un caso de corrupción.

En esta defensa de las libertades en Venezuela hay también preocupación por lo que pueda ocurrir en Chile. Algo que leí en las propuestas programáticas que recibió Michelle Bachelet me encendió alarmas: "Luchar por establecer las condiciones para democratizar el actual sistema de medios de comunicación, que ha permitido concentrar en pocas personas o empresas, nacionales o extranjeras, el control de los medios de comunicación masivos". Estos planteamientos subrepticiamente se transforman en presiones y restricciones a la actividad periodística, que derivan fácilmente en censuras o autocensuras. Como en Venezuela.