Es absolutamente repudiable e inaceptable el ataque de un centenar de violentistas a la Catedral Metropolitana mientras se celebraba en ella un oficio religioso. Con total prescindencia de que se adhiera a un credo u otro, o a ninguno, es exigible a la autoridad que cumpla con su deber de resguardar la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que la Constitución garantiza. Eso es de la esencia de toda democracia, y hay para la nuestra un peligroso punto de inflexión en que haya sido aquí atropellado impunemente. Quienes se manifestaban a favor del aborto tenían derecho a hacerlo, aunque él repugne a vastos sectores. No tenían derecho, en cambio, a invadir destructivamente un recinto de una religión que se opone al mismo. Al hacerlo, perdieron la calidad de legítimos manifestantes para constituirse en delincuentes. Todo demócrata auténtico, así como las instancias que velan por los derechos humanos, debería condenar expresamente lo ocurrido, al igual como lo han hecho el Presidente Piñera y la alcaldesa de Santiago.

La injustificable tolerancia ante lo sucedido mueve a preguntarse cuál es el próximo límite de civilización que se permitirá atropellar. Ya lo han sido colegios, universidades, ministerios, el Senado. ¿Ahora las iglesias?

Como si no bastara pisotear la libertad de conciencia, está también la arista histórica y cultural. El templo violado se identifica con nuestra identidad misma, desde la fundación del país. Alberga tesoros de arte y reliquias nacionales, y es tumba de figuras de nuestro pasado que pertenecen a todos los chilenos. Asombra que este depósito de nuestra historia no haya podido ser resguardado ni por seguridad privada ni por la fuerza pública, por un mal entendido ánimo apaciguador. Por cierto, ni siquiera un amago de daño o destrucción se admitiría impunemente en ningún país avanzado, y lo aquí ocurrido es un baldón para Chile.