La esperanza de aprovechar los buenos tiempos que vivimos, para lograr avanzar en el progreso integral de nuestra sociedad y no solo sobre su desarrollo económico, nos mueve a analizar nuestra realidad a la luz de las experiencias vividas, sin otra intención que nuestro juicio se una a los que ya han ocupado estas páginas.

Nuestra Constitución de 1980 aparece como el centro de muchas opiniones; ella ha sido modificada, a mi juicio para bien, en numerosas oportunidades, y sus modificaciones, aplaudidas por todos, nos muestran la capacidad de nuestro poder constituyente para interpretar los básicos consensos nacionales. Nada justifica una asamblea constituyente, que aparece como un salto fundacional innecesario y riesgoso.

Las disposiciones sustantivas de nuestra Carta Fundamental sobre el Estado, sus atribuciones, finalidades y límites, están establecidas con propiedad en ella.

La afirmación de que el Estado está al servicio de la persona humana, y la disposición del artículo quinto que señala como límite de la soberanía "el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana", garantizados por la Constitución, y que ha sido reforzada por una reforma que agrega los tratados internacionales ratificados por Chile para elevar los acuerdos sobre la materia adoptados por organizaciones internacionales a rango constitucional, dejan al Estado como "subsidiario" y al hombre como "principal", evitando así las tentaciones totalitarias. Los quórums altos para reformar la Constitución se refieren sustancialmente a los derechos de las personas, creando las motivaciones para los consensos.

No resisto la tentación de incluir las palabras textuales del Presidente Lagos al promulgar la Reforma Constitucional del año 2005, aprobada por el Congreso Pleno por 150 votos contra 3: "Felicitémonos por este paso trascendente, hoy es un gran día para Chile. El Congreso Pleno ha ratificado un conjunto de cambios a la Constitución, que Chile venía reclamando desde hace muchos años. La sociedad chilena, que nunca ha perdido su espíritu democrático, venía construyendo desde hace años una práctica democrática que no se reflejaba en la Constitución. Hoy, el nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos. Todos sabemos que la Constitución nacida como expresión de un régimen autoritario no expresaba a la mayoría de los chilenos y mucho menos era expresión de unidad nacional".

"Hoy tenemos, entonces, en Chile un día de alegría, de unidad, de reencuentro con nuestra historia. Como Presidente de todos los chilenos agradezco a todos los ciudadanos que lucharon por contar con una Constitución a la altura de nuestro espíritu libertario, agradezco a todos los partidos que pusieron su empeño en esta tarea, agradezco al Congreso Nacional, a todos sus miembros que han hecho posible que desde ahora Chile pueda mostrar al mundo un texto constitucional que lo hace participar plenamente de las naciones democráticas".

Nuestras instituciones son firmes y han funcionado bien, su descrédito ante la opinión pública proviene más de palabras y actitudes de algunos de sus miembros, las que son destacadas por los medios, por sobre su acción y su trabajo, que aparecen a menudo en informaciones dispersas y sin títulos atractivos.

Es necesario tener cuidado con los juicios que se formulen sobre ellos, sobre todo cuando afectan a características de trascendencia creadas no solo por la ley, sino por la tradición, como la independencia del Poder Judicial, cuyas resoluciones pueden ser analizadas por la ciudadanía para que el Poder Judicial sepa lo que se espera de él, pero es inconveniente que sean analizadas y evaluadas por los otros Poderes del Estado, que frente a resoluciones que les parecen inadecuadas tengan la tentación de aplicar su iniciativa legislativa en la materia, pudiendo así dañar la principal garantía de la democracia y los derechos de las personas, que es la independencia del Poder Judicial, la que seguramente no apreciamos debidamente como tampoco lo hacemos con el aire que respiramos.

Nos corresponde enfrentar tiempos nuevos con nuevos desafíos para nuestra vida en sociedad que por lo demás se manifiestan en todo el mundo con las características propias de cada país.

El progreso de la ciencia y la tecnología han originado un cambio real en la vida política. Los innumerables y eficaces medios de comunicación han logrado que las personas se informen y comuniquen con facilidad en todas partes del planeta y a la vez intercambien sus ideas y organicen reuniones y actos políticos con gran poder de convocatoria. Lo anterior ha planteado problemas de consideración en la vida política, principalmente en la reglamentación de reuniones y actos públicos, en lo que es necesario, a la vez de garantizar el derecho de reunión, defender su ejercicio de los actos de violencia o delictuales. Para ello resulta indispensable la creación de delitos de perturbación del ejercicio de los derechos constitucionales, entre ellos de reunión y prensa, y su reincidencia, con el fin de proteger a quienes ejerzan estos derechos y a las personas que viven o trabajen en sus cercanías.

Al mismo tiempo, la facilidad de las comunicaciones causa una repercusión considerable al Estado, a los partidos políticos e incluso a empresas privadas y personas con impacto social, todos los cuales están obligados a buscar la aprobación de la comunidad de sus métodos y fines, por la fuerza que esta tiene frente a las autoridades.

El escenario actual obliga a profundizar la democracia por medio de la transparencia y dar un mayor contenido a la cultura, para evitar que los adelantos tecnológicos sean usados demagógicamente por los perturbadores de la vida social y a veces al servicio de mezquinos intereses.

Los temas nuevos llevan necesariamente a la necesidad de proteger la democracia representativa, frecuentemente desprestigiada por las multitudes y sin solución de reemplazo, lo que vuelve más indispensable la formación ciudadana que lleve al respeto del orden y la ley.

Sergio Diez
Ex senador